Contempla la unidad política y la vuelta a la “normalidad” inversora
La asunción de Daniel Meilán relanzó las expectativas del sector, que se corroboraron con el permiso para el giro de utilidades. Habrá un relanzamiento del sector tras el acuerdo con los holdouts.
Por Nicolás Gandini
La imagen, impensada hasta hace algún tiempo, condensa el cambio de época que se vive en el sector minero desde que Mauricio Macri llegó a la Presidencia. Alineados en un único bloque, Daniel Meilán, secretario de Minería de la Nación; Lucía Corpacci, mandataria de Catamarca; Sergio Uñac, su par de San Juan, y Néstor Bosetti, vicegobernador de La Rioja, viajaron juntos a Toronto para participar de la PDAC, la feria minera más importante del planeta, con un mismo objetivo: reinstalar a la Argentina en el concierto internacional. Incluso estuvieron acompañados por Héctor Laplace, secretario de AOMA, el sindicato del sector.
La conjunción de referentes del Gobierno y de líderes provinciales que por su extracción justicialista están rotulados como la oposición a la Casa Rosada no hubiese sido posible durante el deslucido final de la gestión de Jorge Mayoral al frente de la cartera de Minería. Reoxigenar, desde la articulación política, lazos con los gobernadores mineros fue la primera meta que se trazó Meilán, un viejo conocedor de la industria minera. Sabe que para reactivar el interés de los inversores es necesario remover el anquilosamiento que traía de arrastre el sector.
El secretario optó por un golpe de efecto ni bien entró en funciones: a pocos días de asumir anunció la eliminación de los derechos a la exportación de metales y condensados, tal vez el principal reclamo del capital privado. “Se terminan las retenciones a las exportaciones mineras”, anunció Macri en un acto realizado en febrero en San Juan, el mayor polo minero del país.
La medida –que tendrá un costo fiscal para el Estado de u$s 223 millones– fue una excelente carta de presentación para la comitiva en Toronto, que del 6 al 9 de marzo se entrevistó con las máximas autoridades a nivel global de compañías como Glencore, Goldcorp, Yamana Gold y Pan American Silver, entre otros.
Los inversores insistían desde hace tiempo sobre una reducción de la carga tributaria que grava la actividad. Denunciaban que, desde la creación de las retenciones, el peso de los impuestos en el país era más alto que el de otros competidores de la región, como Chile y Perú. En Canadá, Meilán también anunció el final del cepo cambiario que le había puesto un coto a la remisión de utilidades fuera del país (ver recuadro aparte). A raíz de eso, los grandes productores de metales habían acumulado en pesos una importante masa crítica de ingresos que no podían girar a sus casas matrices con la consecuente depreciación de su valor por la devaluación del dólar.
Un integrante de la delegación argentina en el Centro de Convenciones de Toronto lo presentó en estos términos: “La industria nos reclamaba por cinco puntos: atraso cambiario, cepo al dólar (que afectaba el giro de dividendos), eliminación de retenciones, trabas a la importación y arreglo con los holdouts para volver al mercado de capitales. Cuatro de ellos ya han sido solucionados. Resta destrabar el acuerdo con los holdouts para retomar la agenda de inversiones”, detalló.
Capear la tormenta
El secretario de Minería está acompañado de dirigentes históricos como Mario Capello, ex diputado por el radicalismo, que asumió como subsecretario de Desarrollo Minero, y Julio Ríos Gómez, ex titular de Gemera, que está el frente del SEGEMAR. También sumó jóvenes sub ‘40 como Santiago Dondo, un abogado con amplia experiencia en materia regulatoria que lideró los equipos mineros de la Fundación Pensar.
El próximo paso de Meilán es regularizar y revitalizar el Consejo Federal de Minería (Cofemin), organismo que nuclea a todas las provincias del país. Su intención es canalizar a través de éste buena parte de las medidas que tiene en carpeta. Las elecciones en la entidad, que durante el kirchnerismo sufrió un vacío de poder, se realizarán el 31 de marzo y el 1 de abril. Si bien aún no hubo ningún comunicado oficial, en el Gobierno verían con buenos ojos que la presidencia quede para Ricardo Salas, secretario de Minería de Salta y uno de los funcionarios que mayor consenso genera a nivel nacional.
“Cualquier cambio legislativo que queremos aprobar en el Congreso debe ser discutido previamente en el Cofemin, que es el espacio natural para discutir políticamente”, indicó Meilán a un gobernador con el que se reunió en los últimos días. A mediano y largo plazo, el funcionario tiene una agenda de temas que incluyen desde algunas reformas impositivas hasta la reforma de los aparatos de control medioambiental.
Concretamente, en materia de regalías, a Meilán le gustaría establecer un sistema variable según el cual la alícuota de regalías fluctúe con los precios internacionales de los metales. El porcentaje que cobrarían las provincias aumentaría a medida que se eleve la cotización de los commodities y a la inversa. Pero sabe que una reforma de ese tipo no es posible sin establecer primero un esquema de basculación política que le permita lograr un consenso con las provincias.
Proyectos en carpeta
Conseguir inversiones en un mercado mundial deprimido no será tarea sencilla. Con el oro en torno a los u$s 1.230 y la plata en un nivel muy bajo de u$s 15 por onza, a los productores les resulta complicado obtener financiamiento a tasas competitivas. Aun así, en la industria creen que es posible traccionar algunos proyectos nuevos.
En esa lista figuran proyectos de pequeña envergadura, como Lindero y Chinchillas, y otros de mayor volumen, como Agua Rica. Con relación a Lindero, en Salta, la empresa Goldrock Mines sigue definiendo la ingeniería crediticia para solventar los más de u$s 100 millones que demanda el proyecto. En el caso de Chinchillas, Silver Standard evalúa una continuidad productiva con Pirquitas, la mina que explota en Jujuy.
Agua Rica, que prevé la explotación de un importante yacimiento de condensado que está en manos de Yamana Gold, el Gobierno nacional podría incentivar una articulación con Glencore, accionista mayoritario de Bajo La Alumbrera, a fin de sinergizar los proyectos. La mina de cobre catamarqueña prevé el cierre de su vida útil para 2019/2020, por lo que la apertura de Agua Rica, en la misma provincia, podría ser una alternativa para extender la actividad en la región.
Otros proyectos como Navidad (Chubut), que están en carpeta desde hace tiempo, están a la espera de lo que suceda en el plano político. En el distrito patagónico la actividad está limitada por una ley provincial que prohíbe la extracción metalífera en una zona del Macizo del Deseado. Durante su gestión anterior, el gobernador Mario Das Neves se mostró dubitativo sobre la posibilidad de revisar esa regulación, pero la compleja situación que atraviesa el sector petrolero –con precios que se desplomaron en el último año y medio– podría favorecer la discusión para permitir la minería en pos de conseguir inversiones para una economía regional muy golpeada. ›|‹
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Un ojo puesto en la Corte Suprema
En los últimos años, la industria minera debió lidiar con un presidente de la Corte Suprema de Justicia proveniente del Derecho Ambiental. Con un claro sesgo ambientalista, Ricardo Lorenzetti promovió algunos fallos contrarios a los intereses del sector. De ahí la preocupación de las cámaras de la industria en torno a qué decisión tomará el máximo tribunal sobre la constitucionalidad de la Ley 7722 de Mendoza, que limitó severamente la práctica de la minería metalífera, y de la Ley 9526 de Córdoba, que hizo lo propio en la provincia mediterránea. En parte, el Gobierno nacional comparte esa preocupación.
En rigor, la Corte Suprema deberá decidir si es legal que un Estado provincial pueda prohibir la actividad en su distrito, a contramano de la Constitución nacional, que avala la extracción de minerales en todo el país.