Hasta aquí, nunca había llegado tan lejos dentro de la Legislatura un intento por abrir el juego de las restricciones de la 7722, la ley que paralizó hace una década la actividad minera a gran escala en Mendoza.
Como pocas veces, además, se hizo sentir la voz empresaria en las reuniones de comisiones quienes, en ese sentido, reclamaron por la apertura de una economía local asfixiada por la crisis. Y en esta ocasión no fueron solo las Cámaras mineras las que presionaron.
Por primera vez en mucho tiempo, ante un escenario muy complejo como siempre fue la discusión por la minería, se buscó salir con conversación política y con las alternativas que cada sector propuso para resolver el problema, Cada uno, escuchó lo que el otro tenía para decir.
Lo que se está discutiendo son dos modificaciones clave en la ley que le puso un cerrojo a la actividad. El más trascendente, es que se propone la eliminación de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros, tal como reza la actual normativa.
Y el otro es el que más controversia generó: si bien el texto mantiene la premisa de prohibir el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, eliminaba la parte del anterior que añadía “Y otras sustancias similares”, lo que ampliaba el espectro de recursos químicos a utilizar. Entre ellos, el xantato que es utilizado para los procesos de lixiviación.
Aquí se produjo una novedad importante en el último tramo del debate en el Senado. El autor de la iniciativa, Abraham, entre un puñado de cambios a su propuesta original, propuso dejar redactado el párrafo de la ley que menciona a “otras sustancias” y agregarle además que “puedan afectar los recursos hídricos”.
De avanzar con las modificaciones propuestas, la minería a gran escala no desembarcaría en el mediano plazo en la provincia. Pero se destrabarían por lo menos tres proyectos que están dando vueltas desde hace años. Uno de ellos Hierro Indio y el otro Cerro Amarillo. Pero en el mediano plazo, el que está en condiciones de ponerse en marcha es San Jorge, el proyecto de extracción de cobre y oro en Uspallata.
Hace ya una década, en setiembre de 2008, la entonces dueña del yacimiento, la canadiense Coro Mining Corp, presentó su Informe de Impacto Ambiental (DIA) ante el gobierno de Celso Jaque que fue aprobada casi dos años después.
Sin embargo el plan de inversiones se frustró por cuestiones políticas y no técnicas en agosto de 2011, en plena campaña electoral, cuando el entonces candidato del PJ, Francico Pérez, pidió a los legisladores de su partido que no ratificaran la autorización para que la mina comenzara a operar.
Hacia mediados de 2012 San Jorge (cuando todavía estaba en manos canadienses) presentó un proyecto de adaptación del plan original de extracción de minerales en esa zona de Uspallata y solicitó una ampliación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para desarrollar un nuevo proyecto biprovincial para extraer la roca del cerro ubicado en la estancia El Yalguaraz y proceder al proceso de lixiviación (el tratamiento para extraer oro y cobre) en San Juan donde este tipo de procedimientos no están prohibidos por ley como aquí.
Lo que la provincia debía autorizar o rechazar, vía una adaptación de la DIA original, era la construcción de una vía férrea de 22 kilómetros entre el cerro y Calingasta (la ciudad sanjuanina más cerca del límite en esa zona) para desarrollar la explotación.
En el camino la mina cambió de dueño: Coro vendió sus acciones a un consorcio ruso conformado por Aterra Capital y Solway Investiment. El primero es dueño de minas de Uranio en Turquía, de cinc en Kenia, de plata en Rusia y de otros minerales en Colombia, Nueva Guinea e Indonesia. Mientras que Solway explota níquel en Guatemala, oro en el este de Rusia y zinc en Macedonia, entre otros emprendimientos.
Hace un año, en setiembre de 2017, el gobierno de Alfredo Cornejo desestimó esta propuesta de explotación biprovincial. Dictaminó que la empresa debía presentar una nueva Declaración de Impacto Ambiental y no una “actualización” de la anterior y nuevamente todo se cayó.
Una sensación recorre los pasillos del Senado en medio de este debate: que toda la discusión actual por la 7722 beneficia en primera instancia a San Jorge. De todos los proyectos mineros de peso que están diseñados para Mendoza, el que está en condiciones de comenzar a operar en un plazo de tres años como máximo es este de Uspallata. La empresa entiende que, sin la necesidad de ratificación legislativa de la DIA, están en condiciones de actualizar informes técnicos y buscar nuevamente la autorización del Poder Ejecutivo para operar.
Los rusos, ya lo hicieron saber, están en condiciones de ratificar que cuentan con los U$S 600 millones que sale hoy reflotar el proyecto.
Las autoridades de Ambiente en la provincia son un poco más estrictas. Entienden que el proyecto debe volver en su totalidad de “fojas cero” y que la empresa deberá presentar una nueva Declaración.
Ante todo lo que está en juego, siempre quedó en claro que la intención de Cornejo fue dejar que la discusión legislativa siguiera su curso. Desde que el tema se planteó hace dos meses, el gobernador acomodó su estrategia para dar la discusión de la minería y debatir así la ampliación de la matriz productiva de la provincia.
Fuente: Mdzol