El Departamento del Interior de Estados Unidos reveló planes de dar acceso a alrededor del 90% de las aguas federales para actividades de exploración, en respuesta a un decreto ejecutivo de 2017 del presidente Donald Trump.
Los ambientalistas repudiaron rápidamente la decisión que incluye áreas fuera de las costas de Florida, California y Alaska, y es probable que suscite mayor resistencia, por ejemplo, de algunos republicanos que son aliados de Trump.
La propuesta es la última afrenta al legado ambiental de Barack Obama y una extensión de las políticas a favor de los combustibles fósiles de Trump, que la Casa Blanca describió como un esfuerzo para reducir la dependencia de Estados Unidos del petróleo extranjero.
La Liga de Votantes por la Conservación la catalogó como «más que imprudente» porque representa una seria amenaza para el clima y los residentes de la costa, que viven del turismo y la pesca.
Al anunciar la decisión, Ryan Zinke, el secretario del Interior, reveló a los periodistas: «Durante el gobierno del presidente Trump vamos a tener la política de energía más sólida y transformarnos en una superpotencia en materia de energía. Sin duda, tenemos los activos necesarios para lograrlo».
Florida salió rápidamente con los tapones de punta. Rick Scott, su gobernador republicano declaró su rechazo a la exploración offshore en el estado y que había solicitado una reunión con Zinke para compartir su preocupación sobre la protección de sus recursos naturales.
Rhea Suh, la presidente del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, un grupo ambientalista, expresó: «El enfoque retrospectivo del gobierno pone los beneficios derivados del negocio del petróleo y el gas ante todo… y pondrá a nuestras comunidades costeras y lo que ellas apoyan en riesgo del próximo desastre similar al ocasionado por BP».
La apertura de la exploración de petróleo en todas las aguas federales es un gran cambio, no solo de la era de Obama, sino de todos los gobiernos desde el de Ronald Reagan. La última venta de alquileres de plataformas de perforación mar adentro en la costa este fue en 1983 y en la costa oeste en 1984.
Ryan Zinke, secretario del Interior de Estados Unidos, remarcó que el gobierno de Trump estaba listo para escuchar las preocupaciones de Scott y otros y sostuvo que el Departamento del Interior estaba comprometido a asegurarse de que la energía se produjese «en forma responsable». «Claramente, los estados y las comunidades tienen voz», afirmó Zinke. «Este es el principio de una apertura y decir qué está disponible. Al final del plan, escucharemos la opinión de las comunidades, de nuestros principales interesados».
Cualquier proyecto de comenzar desarrollos de petróleo y gas desde las nuevas áreas offshore sería un largo proceso, dada la falta de datos topográficos e infraestructura.
La idea, que comprende alquileres de 2019 a 2024, es abrir 25 de las 26 áreas de planificación en la plataforma continental exterior de Estados Unidos; solo quedarían afuera una parte de aguas alasqueñas que el ex presidente George W Bush se comprometió a proteger con la firma de un decreto.
Tom Steyer, un multimillonario donante político y activista ambiental extremadamente crítico con Trump, señaló: «La política energética del gobierno de Trump hace caso omiso de todos los hechos excepto el sincero deseo de los ejecutivos de combustibles fósiles de perforar en todo el mundo.
«En lugar de alentarlos a perder más dinero de sus accionistas y poner en peligro nuestra salud y seguridad, el gobierno federal debe promover una economía de energía limpia que genere empleos bien remunerados y proteja nuestro aire y nuestro agua».
Zinke declaró: «No vamos a hacer la vista gorda con nadie. Nos encargaremos de que las empresas se hagan responsables y nos aseguraremos de que el marco regulatorio sea adecuado».
La exploración de frontera cayó en desgracia en la industria petrolera en general en los últimos años debido a la caída de los precios del crudo desde 2014 y la disponibilidad de abundantes reservas de shale on shore que son relativamente de fácil acceso.
Sin embargo, los grupos de la industria sostuvieron durante mucho tiempo que deberían abrirse más áreas offshore de Estados Unidos a la perforación.
Erik Milito, del American Petroleum Institute, dijo en un comunicado que la capacidad de desarrollar recursos en todas las áreas costeras de Estados Unidos era «una parte fundamental para avanzar en la seguridad energética a largo plazo de Estados Unidos», alentaría el crecimiento económico y crearía miles de empleos.
No se ha llevado a cabo ningún estudio sísmico para identificar posibles perspectivas de perforación en la mayoría de las áreas offshore de Estados Unidos. Algunas empresas solicitaron permisos para comenzar esos estudios en la costa del Atlántico y quizá se los adjudiquen pronto, pero eso es solo el comienzo del proceso. A los estudios deben seguirle perforaciones exploratorias y, de ser exitosas, las reservas pueden tardar cinco años o más en entrar en producción.
Las nuevas áreas offshore también requerirán nueva infraestructura, incluidos ductos y otras instalaciones, lo que las pondrá en desventaja frente al Golfo de México, que ya cuenta con una industria consolidada.
El derrame de petróleo de Santa Bárbara de 1969, el tercero más grande en mar abierto después de Deepwater Horizon en 2010 y Exxon Valdez en 1989, provocó una reacción contra la perforación en aguas estadounidenses. El derrame, causado por una explosión en un pozo perforado por Union Oil, originó un vertido de petróleo que alcanzó hasta 15 cm de profundidad a lo largo de más de 50 km de la costa de California.
El accidente provocó fuertes restricciones a los derechos de perforación en aguas de dicho país. Dada la caída de los precios del petróleo en la década de 1980 y que la mayoría de los intentos de encontrar petróleo en las costas este y oeste fracasaron, la presión para aumentar el acceso se desvaneció.
Fuente: Cronista