Los subsidios destinados al sector energético durante el corriente año tendrán un impacto fiscal proyectado de alrededor de 215.000 millones de pesos, lo que representa un incremento superior al 25 por ciento respecto al 2015, y que equivale a alrededor del 12 por ciento del gasto público total, según las proyecciones presentadas por el Instituto Argentino de la Energía “Gral. Mosconi” (IAE) y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Los subsidios destinados al sector energético durante el corriente año tendrán un impacto fiscal proyectado de alrededor de 215.000 millones de pesos, lo que representa un incremento superior al 25 por ciento respecto al 2015, y que equivale a alrededor del 12 por ciento del gasto público total, según las proyecciones presentadas por el Instituto Argentino de la Energía “Gral. Mosconi” (IAE) y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
En la presentación del informe, el presidente de ASAP, Rafael Flores, planteó que el Gobierno nacional tiene “margen fiscal” como para encarar una “salida gradual” del esquema de subsidios energéticos, lo que le permitiría evitar tomar medidas de alto costo social.
Flores dijo que “es absolutamente necesario reducir los subsidios que han tomado una dinámica insostenible porque la Argentina hoy gasta más en subsidiar las tarifas de energía que educación, salud y cultura juntos, o cuatro veces el presupuesto de seguridad”.
“Pero al mismo tiempo -agregó Flores- no se pueden cambiar comportamientos adquiridos en 12 años en seis meses, por lo que planteamos que el ajuste de acuerdo a las condiciones sociales y económicas actuales se tiene que hacer de manera mas gradual para permitir que ciudadanos y empresas se acomoden a estos nuevos valores con previsibilidad”.
Como parte del debate, el especialista en análisis presupuestario dijo que “el Gobierno debe informar más y de manera más clara la situación fiscal y el alcance de los subsidios, es decir en qué y cuánto se gasta en cada con concepto”
En el actual contexto de debate del incremento de tarifas de los servicios de energía y el peso que los subsidios tienen en el gasto fiscal, el directivo de ASAP precisó que en la situación actual para este año se puede esperar que los subsidios energéticos sumen unos 215.000 millones de pesos, un crecimiento del 25 por ciento interanual.
Más allá de lo que pueda pasar con la aplicación del fallo de la Corte Suprema a los usuarios no residenciales del gas, la resolución sobre las tarifas de luz también pendiente de revisión por parte del máximo tribunal y lo que demore el desarrollo de las audiencias públicas, Flores aseveró que la evolución de los subsidios es incontenible y tienen un impacto del 12 por ciento del gasto publico total, es decir más un punto más que el gasto en salarios del Estado.
Para cuantificar la evolución del peso fiscal, Flores precisó que los subsidios energéticos en el período 2005 al 2015 pasaron de representar del 0,2% al 2,9% del PBI; de representar el 46,5% de los subsidios económicos al 71,7%; y de explicar el 1,5% del gasto público al 12,3%.
Sobre la relevancia del esquema de subsidios, el informe detallo que en las transferencias al sector energético se gasta más que educación, salud y cultura juntos, cuatro veces que el presupuesto en seguridad, cinco veces lo que demanda la Asignación Universal por Hijo o 3,5 veces el presupuesto universitario.
En ese sentido, explicó que “si bien la reducción de subsidios es ineludible porque son injustos, porque empeoran la distribución del ingreso y fomentan la concentración económica, se debe hacer de forma escalonada”, tal como ya recomendara las mismas instituciones en su informe de diciembre pasado.
“Argentina no tiene un problema fiscal urgente porque el financiamiento para 2016 está cubierto y los próximos dos años requieren un esfuerzo manejable”, planteó el especialista al decir que esa situación “permite implementar un sendero más gradual de la salida de los subsidios, dando certidumbre a los ciudadanos y las empresas y entendiendo las realidades sociales y geográficas”.
Flores planteó la necesidad del gradualismo a partir de entender que si bien la tarifa social deja al quintil más pobre “igual de mal que antes, pero el impacto se da de lleno en los tres quintiles siguientes de las clases medias bajas y medias”.
Además, una salida brusca de “tendrá elementos claramente recesivos” al sacar plata al consumo para dirigirlo a reducir el déficit fiscal, genera un impacto inflacionario directo e indirecto, y aporta incertidumbre a las empresas sobre sus costos futuros”.
En términos históricos, Flores repasó que en el período 2005-2016 el crecimiento de los subsidios a la energía “representó el más alto de una partida presupuestaria de la historia Argentina al incrementarse en 165 veces en una década, con particular aceleración a partir de 2011”.