La Dirección General de Fabricaciones Militares, creada hace más de 78 años, de los cuales los últimos 28 los transitó bajo la administración de sucesivas Intervenciones, fue constituida como un organismo descentralizado, actualmente en el ámbito del Ministerio de Defensa.
Consecuentemente ajustó su gestión y funcionamiento a la legislación que regula la actividad de los organismos públicos, legislación concebida para la Administración Pública en general, pero no para el desarrollo de actividades empresariales y productivas.
Ello presentaba desventajas e ineficiencias en términos relativos respecto de los competidores que se manifiestan en un número importante de aspectos críticos para el funcionamiento de una empresa industrial competitiva:
• Dificultades para implementar políticas de desarrollo de proveedores, práctica habitual en la industria, creándose cadenas de valor, asegurando calidades y cumplimientos;
• Rigideces en la política de compras y contrataciones, dada la normativa impuesta por el régimen de contrataciones establecido en el Decreto Nº1023 / 2001, impidiendo negociaciones directas y/o renegociaciones con proveedores.
• Imposición, dada el perfil jurídico de la DGFM de una estructura salarial y de condiciones laborales diferenciadas del resto de la industria, dificultando la captación de recursos humanos calificados para puestos de mando medio y alto;
• Imposibilidad, dado el marco jurídico, de conformar asociaciones con terceros bajo la forma de UTE´s, Consorcios y otras formas de asociación y cooperación que promuevan una mejor inserción de FM, en los mercado de Seguridad, Defensa y civil;
• Entre otros.
El Decreto 104 / 2019 de Febrero 2019, de Transformación de la DGFM en Fabricaciones Militares Sociedad del Estado contempló el régimen establecido por la Ley 20.705 de Sociedades del Estado, manteniendo a Fabricaciones Militares bajo la órbita del Ministerio de Defensa de la Nación, y teniéndolo a éste como único accionista, enriqueciendo la visión y la misión de FM, acorde a las condiciones del nuevo contexto, y atendiendo a la necesidad impostergable de normalizar sus actividades, a través de un marco normativo adecuado a su desarrollo, naturaleza y objetivos, brindando las garantías necesarias al respecto.