El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Carlos Gonella, y la Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, denunciaron un presunto fraude contra el Estado por parte del Grupo Marsans, el fondo buitre Burford y el estudio de abogados argentinos Fargosi y Asociados. Según Télam, Gonella explicó que «se encontró un contrato entre Marsans y Burford, donde el fondo buitre le compra al grupo español el juicio que está llevando ante el Ciadi por unos 1.600 millones de dólares, por la expropiación de Aerolíneas Argentinas», y añadió que «en esta operación también figura el estudio de abogados Fargosi y Asociados». Los funcionarios dieron una conferencia en el Auditorio de la Procuración General, donde precisaron que se hizo la presentación correspondiente ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, para que se abra una investigación al respecto y se condene a los implicados, tanto Marsans, como Burford y Fargosi y Asociados. Gonella remarcó que «la Argentina no debe nada, y hasta puede reclamar a Marsans unos u$s 1.000 millones por su gestión en Aerolíneas». El fiscal puntualizó que «Marsans y Burford hicieron un convenio para que en caso de que el Ciadi falle a favor de los españoles, luego de pagarle los honorarios correspondientes, el resto lo depositen en una cuenta del fondo buitre que además tomó el patrocinio en el juicio». Recordó que «Burford patrocina también al Grupo Petersen ante el Ciadi y ante el juez (federal de Nueva York Thomas) Griesa, donde reclaman por la expropiación de las acciones de Repsol en YPF».