Un clima de fiesta política envolvió a la localidad de Cutral Có, en Neuquén, la mañana del 10 de octubre de 2011. Por varias horas, el paisaje desértico de esa zona de la Patagonia se completó con una multitud que asistió a la inauguración de la refinería Renesa. Todas entraron en una carpa que les quedó chica para ver la transmisión de la teleconferencia de la presidenta Cristina Kirchner y escuchar en persona las palabras del ministro de Planificación, Julio De Vido, principal mentor de la iniciativa, que había asistido al lugar. La planta resumía el sueño kirchnerista: una inversión de más de 130 millones de dólares hecha por una empresa de capitales locales con subsidios del Estado para reemplazar la importación de combustibles. Tres años después, todo devino en pesadilla.
Renesa despidió ayer a 20 personas y suspendió a otros 70 empleados a la espera de una respuesta oficial. Su presidente, Miguel Schwartzbaum, dice que nunca quiso tomar esa decisión, pero que la situación del negocio no da para más. Según su interpretación, la refinería quedó presa de una paradoja: fue creada para sustituir las compras de combustibles al exterior, pero hoy, por la exención de impuestos que les otorga el Gobierno a sus eventuales compradores, como YPF, Axion, Shell y Oil, les conviene traer el producto de afuera antes que comprárselo a la planta.
En reclamo por la situación de la empresa, el senador Guillermo Pereyra, jefe del sindicato petrolero de Neuquén, La Pampa y Río Negro y número dos de la CGT de Hugo Moyano convocó para mañana a un paro «en toda la producción hidrocarburífera de la cuenca» y anticipó la profundización de las medidas de fuerza «en caso de no revertirse en forma inmediata» la situación actual. Si cumple con su amenaza, podría afectar la producción de combustibles y, en un caso extremo, la oferta de gas.
El gremio tiene el presentimiento de que los despedidos podrían ser muchos más en los próximos días. «El desinterés evidenciado por las autoridades nacionales no deja otra alternativa más que el paro», denunció ayer Pereyra. Además, hizo al Gobierno «responsable del perjuicio» que, por la huelga, «puede sufrir» la paz social.
«La importación de naftas sin impuestos nos sacó del mercado», lamentó Schwartzbaum, quien todavía espera una respuesta del Gobierno. Les planteó el tema a varios funcionarios. Desde el ex secretario de Energía Daniel Cameron, que dejó anteayer su cargo, hasta el ministro de Economía, Axel Kicillof, y Nicolás Arceo, director de Administración y Finanzas de YPF. Todos reconocieron el problema, pero hasta ahora no le dieron respuesta.
«El Estado me incentivó para sustituir la importación y le estoy demostrando que no me dan los costos para funcionar», lamentó el directivo a La Nación. Según Schwartzbaum, actualmente la planta está parada.