Los propietarios de estaciones de servicios manifestaron su malestar por la suba prevista por el gobierno de José Manuel de la Sota en la alícuota de la Tasa Vial durante el 2014, que grava de forma diferencial los combustibles en la provincia.
«Hay mucho malestar, porque se trata de una imposición regresiva y anticompetitiva, que incrementa el denominado `costo (fiscal) Córdoba`, que es real y que atenta contra la productividad de nuestra provincia», aseguró a la prensa el titular de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República, Raúl Castellano.
El dirigente precisó que ya han manifestado su «preocupación a la secretaría de Ingresos Públicos de Córdoba», porque, a su vez, si la Secretaría de Comercio Interior de la Nación prorrogara la lista de precios máximos, «se produciría una colisión entre una norma nacional y una provincial».
«Si (la norma nacional) llegara a prorrogarse nos sería imposible seguir percibiendo la Tasa Vial, porque nos veríamos en la disyuntiva de tener que incumplir una disposición nacional o una provincial, lo que sería absurdo», advirtió Castellano.
Si bien reconoció que no cree que el gobierno cordobés vaya «a dar marcha atrás con la Tasa Vial», el dirigente pidió a los funcionarios provinciales que «recapaciten y que analicen cómo se puede lograr que la incidencia no sea tan grave».
Por su parte, el legislador provincial Ricardo Fonseca (Frente Cívico y Social) manifestó que «no se sabe dónde está lo recaudado en concepto de Tasa Vial», tras lo cual denunció: «nos cansamos de efectuar pedidos de informes, desde todos los bloques de la oposición, pero desde el oficialismo no nos contestan».
De acuerdo con el proyecto de presupuesto que maneja el «delasotismo», el aumento previsto para la Tasa Vial para 2014 sería de entre 25 y 30 por ciento respecto al valor vigente y según el tipo de combustible, lo que ubicaría en torno a 54 centavos al precio por litro que deberían abonar los automovilistas en cada compra de nafta y gasoil «Premium».
En la Justicia provincial se están sustanciando alrededor de media docena de causas en las que diferentes representantes de estaciones de servicio cuestionan la constitucionalidad de la Ley provincial Nº 10081, que establece una alícuota diferencial que grava el consumo de combustibles en Córdoba.