Tras la intensa audiencia pública y la disputa judicial que comenzó en abril de este año y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno finalmente aprobó los nuevos cuadros tarifarios del gas que tendrán vigencia a partir del 7 de octubre, con un tope de incremento de hasta 300% para usuarios residenciales y de 500% para las pequeñas y medianas industrias.
De inmediato, la medida causó rechazo en buena parte de la sociedad, principalmente en los organismos defensores del consumidor.
En Neuquén, sobre todo el Gobierno hace cuentas, mientras se espera que las regalías gasíferas terminen superando los 5000 millones de pesos proyectados en el presupuesto vigente. Sucede que el nuevo cuadro tarifario actualizará el precio del gas en boca de pozo. De hecho, ya está sucediendo y el gobierno provincial ya anticipó un nuevo valor: el gas pasará a valer en promedio entre 5,10/5,30 dólares el millón de BTU.
En la otra vereda, desde los consumidores y las pequeñas empresas, la reacción fue más bien la opuesta, y muy similar a la que expresaron durante buena parte del debate que cruzó el 2016.
El titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, consideró que el aumento en la tarifa “si bien modifica en algo el cuadro tarifario anterior, sigue siendo aún alto porque las subas del 300%, 400% son altas para determinado sector de la sociedad, sobre todo para la clase media y media baja”.
El ex diputado socialista criticó que el Ejecutivo “beneficie a los sectores de mayores ingresos y que más consumen, pagando aumentos que llegan al 150%, y los sectores más bajos y vulnerables sufren incrementos que trepan hasta el 400%, es una verdadera injusticia”, recalcó.
Además, señaló que las asociaciones de consumidores plantearon al gobierno nacional en la audiencia pública que la nueva tarifa “no superase el aumento que tuvieron los trabajadores en las convenciones colectivas de trabajo, que fue de entre 30% y 35%”.
Las pymes tampoco ahorraron críticas al Ministro de Energía, Juan José Aranguren, por el nuevo cuadro tarifario del gas. Para la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires (Feciba), la medida “demuestra que el Gobierno carece de una política de incentivo y salvataje para los pequeños y medianos productores”.
A través de un comunicado, Raúl Zylbersztein, representante de dicha entidad, aseguró que “hasta cuando el Gobierno reconoce sus errores se los hace pagar a las pymes, haciéndoles abonar facturas que fueron calculadas con subas de más del mil por ciento y que luego se retrotrajeron”.
Según la Resolución 212-E/2016 publicada en el Boletín Oficial, las tarifas residenciales se actualizarán en abril y octubre de cada año, “teniendo en cuenta el tipo de cambio vigente y el valor del precio objetivo en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) en cada momento, hasta llegar a la eliminación total de los subsidios en el año 2019”.
En tanto, en su artículo 10, establece que el incremento en las tarifas tendrá un tope del 300 por ciento para los usuarios de la categoría R1-R23, del 350 por ciento para la categoría R31-R33, del 400 por ciento para la R34, mientras que será del 500 por ciento para el sector comercial e industrial (usuarios SGP). Tendrán vigencia siempre que el monto total de la tarifa supere los 250 pesos.
La nueva tarifa supone boletas de gas que van desde 130 a 1170 pesos. El primer segmento de consumo, que agrupa al 56 por ciento de los usuarios, recibirá una suba del 237 por ciento. Al 31 por ciento siguiente de usuarios se le aplica una suba del 235 por ciento mientras que al 13 por ciento restante, un incremento del 122 por ciento. La distribución del aumento de tarifas es regresiva porque los segmentos de mayor consumo ya habían recibido quitas de subsidios, justifican en el Gobierno.
Como en los años anteriores, el incremento contempla tarifas diferenciales para quienes “registren un ahorro en su consumo igual o superior al 15% con respecto a igual período del año anterior”.
El gobierno neuquino espera que el nuevo valor implique más fondos.
“En meses fríos como julio o agosto, el 37 por ciento de los hogares pagará menos de 250 pesos mensuales”, dijo Aranguren.
Agregó que “el objetivo del aumento de tarifas es disminuir subsidios y generar condiciones para que más gente tenga acceso a gas natural”, en relación con las supuestas inversiones que realizarían las empresas ante la mejora en su rentabilidad, relación que no está para nada probada.
El Gobierno busca instalar que la nueva propuesta contempla el llamado a la “razonabilidad” que realizó la Corte Suprema en su fallo que anuló el aumento del gas. Entonces el 200 por ciento de aumento para el mismo nivel de consumo sería más lógico que las subas anteriores.
“La propuesta del Gobierno en relación con el nuevo cuadro tarifario se parece más a una negociación entre dos empresas que a la fijación de una tarifa de un servicio público. Insisten en la idea de no abrir los números de costos de las petroleras”, señaló Claudio Boada, de la entidad Unión de Usuarios y Consumidores.
El representante del organismo agregó que “no está claro que la nueva propuesta cumpla con la idea de la razonabilidad porque no hay ningún tipo de estudios de parte del Gobierno que refleje el impacto de la suba de tarifas sobre el presupuesto de distintos tipos de usuarios, como asalariados, monotributistas y jubilados. La razonabilidad tiene que ver con el impacto sobre los usuarios”.