La Casa Rosada impulsó una iniciativa similar en la industria petrolera
La OFEMI quiere que no haya áreas con potencial minero sin actividad exploratoria. Intimarán a las empresas a incrementar la inversión en cateos desatendidos.
Los gobernadores de las diez provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) suscribieron a principios de junio un acta de compromiso en la que ratifican la firme decisión política de evitar la inmovilización de las áreas con potencial minero y dinamizar las inversiones, así como la generación de fuentes laborales y de oportunidades para los prestadores de servicios.
Desde el Gobierno nacional, junto con los mandatarios se planteó la necesidad de revertir las concesiones con potencialidad en recursos minerales que, por diferentes motivos, se encuentran paralizadas. La idea es incentivar a nuevos inversores mineros a poner esos campos en marcha, a fin de generar más emprendimientos de exploración y producción minera.
La organización, que preside el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, se reunió en junio por primera vez en su nueva sede en Buenos Aires, con la participación del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y los mandatarios de Salta, Juan Manuel Urtubey; San Juan, José Luis Gioja; La Rioja, Luis Beder Herrera; Río Negro, Alberto Weretilnkeck; y Catamarca, Lucía Corpacci. En tanto que las provincias de Mendoza, Neuquén y Chubut estuvieron representadas por sus ministros de Producción y directores de Minería.
La OFEMI es una estructura que nació para fomentar las inversiones mineras y buscar los caminos para asegurar la “licencia social”, que las multinacionales necesitan más que el agua para poder sumar inversores y desarrollar en paz sus proyectos, todos de largo plazo.
A su vez, en coincidencia con el Día del Ambiente, los mandatarios provinciales firmaron una declaración alusiva en la que reafirman: “Creemos que es posible que la actividad minera se desarrolle en forma armónica con el ambiente”. Y suscribieron, además, con los lineamientos vertidos oportunamente por la presidenta Cristina Fernández, quien “defendió la actividad minera comprometiéndose a exigirles a las empresas cuidado ambiental y reinversión de utilidades en las provincias donde se instalan los emprendimientos”.
Malestar con Santa Cruz
En el seno de la organización de provincias mineras, generó alta preocupación la creación del Impuesto Inmobiliario Minero en Santa Cruz, que gravará las reservas mineras de las empresas del sector radicadas en la provincia. La medida es duramente cuestionada por las compañías, que advierten que la norma provocará una virtual parálisis de las inversiones exploratorias para buscar nuevas reservas minerales en el distrito patagónico.
En ese sentido, uno de los temores que recorre el espinel de los ejecutivos de las multinacionales mineras es qué ocurrirá en el resto de las provincias a partir de la decisión que tomó el Gobierno de Santa Cruz.
Varios de los directivos de las empresas empezaron a pensar en la presión que se generará internamente para que los gobernadores avancen en el sentido en el que lo hizo el gobernador Peralta. Y temen que esa presión genere nuevos impuestos en distintos distritos y por eso repiten que “una suba de los costos tendrá un efecto negativo sobre las inversiones y el desarrollo de la actividad, que se comenzará a notar por Santa Cruz”.