El Impuesto Inmobiliario Minero fue aprobado el 13 de junio de 2013. A más de un año de su plena vigencia, y cuando la provincia proyectaba percibir la suma de 150 millones por año en concepto del flamante y resistido impuesto, el año pasado apenas recaudó unos 5 millones, y en lo que va de éste, 3.8 millones.
El tributo resulta del 1% sobre el valor de las reservas que posea la mina con estudio de factibilidad aprobado y lo recaudado, iría al “fondo de intransferibilidad de la Caja de Previsión Social” de la provincia, aunque posteriormente el gobernador Daniel Peralta se ocupó de advertir que ese dinero sería utilizado en los haberes de la administración pública.
De hecho, fue en el inicio de sesiones ordinarias de este año en su discurso inaugural, cuando el mandatario sostuvo tras una severa advertencia de iniciar acciones legales contra las operadoras que no cumplan, que “estos fondos serán directamente volcados a los bolsillos de los trabajadores”.
Pero ¿qué pasó en el interín? El Impuesto Inmobiliario Minero fue y sigue siendo resistido por las mineras que se amparan bajo la presunción de la “inconstitucionalidad” del tributo. Su sanción no fue sencilla y hubo fuerte lobby para que no sea sancionada en la Legislatura.
Con dos despachos, uno por mayoría firmado por diputados del FVS y otro por minoría firmado por el oficialismo, que finalmente logra hacer prevalecer su iniciativa y cuenta con el voto de la bancada de la UCR, el impuesto se hace un hecho en la sesión más extensa del año pasado.
Pero cuando la ley es aplicable la provincia se vio en la obligación de intimar a las mineras para que hiciesen los pagos del canon. Estas se niegan y entonces el Gobierno da impulso a una fuerte diatriba en contra de las operadoras a las que tilda de no tener “responsabilidad social” e incluso, inicia auditoría contable a cada empresa a través de la cartera de Recursos Tributarios.
Con esta última acción, tres de las seis mineras hacen un pago, dos de ellas por un monto cercano al millón setecientos mil pesos y la tercera un monto muy inferior, aunque todas coincidieron en hacerlo bajo protesta, insistiendo en que lo que se les cobraba no era constitucional, por cuanto amenazaron al Gobierno con llevar el caso a la Justicia.