Daniel Meilán, secretario de Minería de la Nación
La polémica sobre las retenciones mineras hegemonizó el II Seminario Internacional de Minerales Metalíferos en la República Argentina. En la apertura, el secretario de Minería, Daniel Meilán, criticó a los promotores de la vuelta del gravamen.
Hace un año la política argentina modificó radicalmente su rumbo, según el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, para quien hoy es un momento inmejorable en aras de pensar que el cambio no significa pontificar obviedades o elegir los caminos fáciles del corto plazo. “Implica, en realidad, dialogar y consensuar un modelo que responda a los intereses de los ciudadanos; es decir, la verdadera búsqueda de un país más justo, federal e igualitario para que sus habitantes adquieran un desarrollo digno en el lugar que habitan”, expresó el funcionario.
Actualmente, aseguró, se observa el regreso de una verdadera política de Estado en la minería nacional. “Estamos llevando adelante la reconfiguración del sector público en todos sus niveles como el actor central y responsable del desarrollo de la actividad. Junto con los Estados provinciales, buscamos garantizar un marco regulatorio justo, ordenado y estable en el tiempo, con los límites necesarios para que el desarrollo se lleve a cabo de manera transparente en beneficio de todos”, garantizó.
Eso sólo es posible, apuntó, si los actores instituciones trabajan de manera consensuada en el ámbito del federalismo. “Desde el primer día de gestión, el presidente Mauricio Macri visualizó en la minería una de las principales actividades para la Argentina”, resaltó.
El país, acotó, tenía la necesidad de integrar el nuevo paradigma de un Estado presente con el diseño de herramientas institucionales y técnicas, sin omitir la recomposición del marco legal adecuado para la llegada de inversiones. “Bajo ese concepto se decidió eliminar las retenciones mineras, medida que permitió reactivar la minería metalífera y la no metalífera”, afirmó.
A su entender, la determinación tuvo un alto costo político para el Gobierno en su relación con la ciudadanía. “Pero constituye el principal ejemplo de nuestro entendimiento de la minería, cuyos tiempos no suelen ser coincidentes con los políticos. Por eso, por desgracia, se utiliza tanto la demagogia para cosechar frutos de corto plazo. Hay que rechazar enérgicamente esos posicionamientos contra el sector”, enfatizó.
La irresponsabilidad de pedir la vuelta de las retenciones, agregó, afecta el clima de inversiones y horada los procesos de reconstrucción de la confianza del Estado frente a la sociedad. “Es evidente que para algunos políticos es más fácil pensar en las elecciones de 2017 que en las próximas generaciones”, se lamentó.
Objetivo superador
Según Meilán, es tiempo de potenciar las virtudes del sector desde el reconocimiento de sus errores pasados y presentes. “Hay que incorporar la certeza de que el desarrollo de la actividad nunca puede divorciarse del cuidado ambiental y la aprobación social. Es hora de socializar en las comunidades los beneficios del sector, escuchar a todas las partes, generar credibilidad y aprender que las deficiencias pueden superarse entre todos”, enumeró.
La idea, destacó, es apuntar a un objetivo superador, dejando de lado diferencias políticas, con un único y elemental deber: atender las necesidades y promover el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional. “La minería es una industria lícita, legalmente declarada de utilidad pública y ampliamente reglamentada. Su desarrollo en el siglo XXI sólo será factible con mayores beneficios para las comunidades, altos estándares de control ambiental, el fortalecimiento del desarrollo de infraestructura y la integración con otros sectores, el apoyo a la ciencia y la tecnología aplicada, la promoción de la formación de recursos humanos para impulsar el empleo, más información de calidad y actualizada, y el aprovechamiento integral y racional de los recursos disponibles”, completó. ›|‹