Comienza otra semana decisiva en el conflicto por la crisis de la deuda. Esta vez ante la amenaza del avance inexorable del calendario. Es que corren los días, se suceden las reuniones y se acerca el temido 30 de julio, fecha en la que termina el tiempo de gracia que tiene la Argentina para entablar alguna vía de negociación con los holdouts sin caer en default.
Mañana habrá un punto de inflexión. Luego de sus vacaciones, el juez Thomas Griesa encabezará una audiencia que fue pedida por el Banco de Nueva York, en cuyas cuentas en el Banco Central se encuentra disponible el dinero que había girado la Argentina para pagarles el vencimiento del 30 de junio a los bonistas que entraron en los canjes de deuda. Esta operación había sido anulada por el juez del caso hasta tanto la Argentina acuerde con los fondos con los que está enfrentada en los tribunales de Estados Unidos. Esto es porque existe una cláusula que obliga al Estado a tener mismo trato con todos sus acreedores y el juez consideró que no están dadas las condiciones legales para pagarles a los bonistas de la deuda reestructurada sin acordar primero con los holdouts que tienen fallos favorables en la justicia de los Estados Unidos.
La semana pasada, NML Elliott, el fondo de acreedores más importante que litiga con el Estado, jugó una carta para anticiparse a un eventual escenario de default, es decir, que la Argentina interrumpa las negociaciones sin pagar los u$s1500 millones que ordenó Griesa. Así lo consignó Ámbito Financiero.
La semana pasada, entre el miércoles y el jueves, los abogados de ese fondo con bonos en default se presentaron en los tribunales de San Francisco para que jueces de California avancen en eventuales embargos contra YPF o su socio en Vaca Muerta, la norteamericana Chevron. El argumento, de acuerdo a lo consignado por el diario Ámbito Financiero, es que la Corte de los Estados Unidos avaló el «discovery», que YPF es de propiedad del Estado argentino y que Chevron es su principal socio en territorio estadounidense.