A solo dos semanas de haber renunciado en medio de la denuncia que lo involucra indirectamente con Lázaro Baez, el ex titular de ENARSA, Exequiel Espinoza quedó en la mira de la Justicia por una supuestas irregularidades en la importación de gasoil y la contratación de fletes.
Tras una denuncia impulsada por el diputado, Manuel Garrido, el fiscal federal Guillermo Marijuán decidió imputar a fines de abril a Espinoza en una causa lleva adelante el juez Sebastían Casanello para determinar si se pagaron sobreprecios por US$ 24 millones las compras externas de gasoil.
La causa promovida por Garrido se basa en un informe de la Auditoria General de la Nación (AGN) de setiembre pasado que había anticipado por Clarín y que no solo deja mal parada a ENARSA, sino también la petrolera YPF que estuvo conducida por el grupo Eskenazi.
Según señalaron fuentes judiciales, el juez Casanello ya realizó las primeras medidas de prueba y tal como había solicitado el fiscal le solicitó a la Aduana que remita Dirección toda la documentación vinculada con las importaciones de gasoil que concreto ENARSA entre 2008 y 2010. Así lo consignó Clarín.
Además le pidió a la AGN el informe que da cuenta de los precios pagados de mas sobre los valores del mercado, los cuales treparían a mas de US$ 24 millones en el periodo investigado.
El análisis de la AGN advirtió que por la provisión de gasoil ENARSA no sólo le pagó a la petrolera YPF precios superiores a los del mercado, sino que además le reconoció recargos de hasta el 200% en los valores de los fletes y seguros.
El informe de organismo de control que preside Leandro Despouy detectó que en las primeras importaciones de GNL (gas natural licuado), ENARSA le compró casi todos los cargamentos a YPF y Repsol en forma directa y sin establecer precios de referencia, ni topes a los costos complementarios.
El relevamiento puso sobre el tapete otra insólita situación. Por la gestión de compra y abastecimiento de combustibles, ENARSA le cobró al Gobierno una comisión del 1,5%. Pero como esas tareas fueron después delegadas a YPF, la empresa estatal le terminó abonando a la petrolera una nueva comisión del 0,5% que fue trasladada al Estado como parte de los precios finales de los combustibles, lo cual derivó en un encarecimiento. El informe de la AGN tuvo como objetivo “verificar la gestión realizada en los planes operativos”.