El ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, junto al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini y a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fueron imputados por la fiscal federal Paloma Ochoa por el nombramiento de un subsecretario de Estado que regulará las represas en Santa Cruz.
La denuncia, que recayó ante el juez federal Sebastian Ramos, había sido presentada por el senador Fernando «Pino» Solanas y el titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas Enrique Viale.
Por ello, Sebastián Ramos, pidió que se investigue si los funcionarios de Cambiemos incurrieron en los delitos de «abuso de autoridad» y «negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas». Los denunciantes también detallaron que el 10 de diciembre de 2015 Marcolini asumió como subsecretario de Energía Hidroeléctrica y, el 27 de enero de 2016, fue designado director titular de Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (Ebisa), la empresa encargada de presentar el nuevo estudio de impacto ambiental.
Fuente: El Inversor Energético y Minero