En la Fiscalía de Estado de la provincia de Chubut existe un expediente de 79 folios que confirma lo que el ministro Julio De Vido niega desde hace más de un año: cómo se negociaron las condiciones del contrato de la extensión de la concesión de Cerro Dragón por cuarenta años con el gobierno de Néstor Kirchner. Los protagonistas de ese acuerdo fueron el ministro de Planificación, el ex gobernador Mario Das Neves –que entonces era kirchnerista y ahora es candidato de Sergio Massa– y la compañía petrolera Pan American Energy (PAE). Los borradores, a los que PERFIL accedió en exclusiva, salen del fax de la sede central de la compañía. Incluyen un decreto para que sea firmado por el entonces presidente Kirchner dándoles el negocio.
PERFIL reveló el domingo pasado que organismos de los Estados Unidos citaron al empresario José Luis Manzano –ex ministro de Carlos Menem– para que declare si De Vido y Das Neves le pidieron commissions (coimas) a cambio de negocios petroleros. La Securities and Exchange Commission (SEC), encargada de controlar a las empresas que cotizan en Wall Street, un fiscal y un agente del FBI llevan adelante esta investigación sobre el posible pago de coimas por Cerro Dragón.
El expediente cuenta con cuatro borradores del contrato por la extensión de la concesión del yacimiento. Está en poder de los investigadores. El senador Mario Cimadevilla confirmó que entregó una copia. Los dos primeros fueron intercambiados entre PAE y los funcionarios vía fax entre el 11 de septiembre de 2006 y el 3 de octubre de 2006. De Vido alega que no tuvo ninguna participación en este contrato, ya que en diciembre de 2006 el Gobierno cambió la ley para que la potestad de administrar recursos naturales pasara a manos de los gobernadores. Pero este expediente demuestra que el contrato con PAE iba a firmarse en 2006 por el gobierno de Kirchner. También demuestran que primero se negoció por extender la concesión por diez años, como marca la ley. Y luego se llegó a un acuerdo por extenderla por “períodos sucesivos de diez años”.
El primer borrador del contrato salió del fax de PAE el 11 de septiembre de 2006 junto con nueve anexos, incluyendo un decreto presidencial. El decreto reza: “Apruébase lo actuado por el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación”.
Al leer el expediente, las sospechas sobre cómo se negoció uno de los contratos petroleros más importantes de la última década sólo se acrecientan. Hay un dictamen del fiscal de Estado provincial, Jorge Luis Micheralena, del 9 de marzo de 2006, que lleva su firma y su sello. “De la manera en que están redactados los documentos debe tenerse bien en cuenta que se trata de una especie de matrimonio con PAE, una suerte de relación vitalicia entre el Estado y PAE en relación con estas áreas. El costo de salida para el Estado es enorme”, escribió Michelarena. Sin embargo, un año después el fiscal aprobó el contrato en las mismas condiciones. Das Neves lo ascendió a procurador general de Chubut. Actualmente sigue en el cargo.