Paul Singer ingresó en el caso Panama Papers y, curiosamente, favoreciendo al Gobierno. El fondo buitre Elliott tenía una audiencia el 11 de abril, pedida por sus abogados, para exigirles a los representantes del hoy famoso estudio jurídico panameño Mossack Fonseca que se presenten para entregar toda la información disponible sobre la Argentina. Según Ámbito Financiero, Elliott buscaba dinero proveniente directa o indirectamente de la Argentina y depositado en cuentas de los Estados Unidos (o mercados financieros aliados), para eventualmente embargar. En la mira estaba la denominada «ruta del dinero K», pero la orden que se le había dado a Mossack Fonseca era que todos los datos que involucraran al país debían ser llevados a la audiencia. Ésta había sido organizada por el juez de Nevada que aceptó investigar el caso a pedido de Elliott, Cam Ferenbach, que envió al estudio panameño la orden por escrito de llevar el 11 de abril todo el material que esté involucrado con la Argentina, incluyendo todos los nombres de las sociedades que fueron abiertas para argentinos y que tengan algún tipo de vinculación con funcionarios del país, sociedades locales y movimientos financieros registrados con el mercado norteamericano. La causa en Nevada fue abierta por los abogados de Elliott para presionar al país en tiempos de Cristina de Kirchner, mediados de 2014, a reabrir la negociación. Fue una presentación paralela a la que el mismo fondo buitre concretó en San Francisco contra Chevron para exigir embargos a la petrolera norteamericana. Al abrir la causa, Ferenbach fue particularmente duro al metaforizar sobre que «un ladrón no adquiere derechos de propiedad sobre lo que roba», al afirmar que de confirmarse delitos, el dinero no sería de los acusados sino de la Argentina, y, como tal, embargables.