La primera línea del Gobierno volvió a defender ayer ante el Congreso el acuerdo con Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF que, según aseguró el ministro de Economía, Axel Kicillof, terminará siendo pagado «por el resultado de la operación de la empresa». La oposición, de todas formas, cuestionó el entendimiento por u$s 5.000 millones y objetó que el oficialismo haya negociado con una empresa a la que acusa de «vaciamiento» y «saqueo».
«Este valor es razonable y va a ser pagado por el resultado de la operación de la empresa. No porque la empresa le gire dinero al Estado, sino porque el Estado deja de pagar otras cuentas y porque cada peso que invierte YPF tiene también un efecto multiplicador en la economía», resaltó Kicillof al dar su informe ante los diputados de las comisiones de Energía y Presupuesto. Por lo pronto, destacó, el último año el Tesoro se ahorró «u$s 1.200 millones por la no compra de gas». Junto a él se presentaron el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y el presidente de YPF, Miguel Galuccio.
Zannini destacó que la política del Gobierno apunta a «sumar a las provincias como propietarias de los recursos a la conducción de la empresa». En este punto, la Casa Rosada mantiene un conflicto sordo con los gobernadores de provincias petroleras desde que los mandatarios provinciales en una ya complicada situación fiscal se enteraron de que pasarán a ser deudores de la Nación por u$s 2.450 millones para mantener las acciones que tienen en YPF. De lo contrario, el Gobierno ya avisó que les exigirá entregar las áreas de concesión para generar recursos que puedan ser destinados al pago a Repsol. Llamativamente, ningún diputado consultó a Kicillof sobre el tema.
En cambio, la mayoría preguntó cuestiones que ya habían sido respondidas por los funcionarios en el Senado y obtuvieron, no sorprende, las mismas respuestas que sus pares de la Cámara alta. Así, gran parte de las cinco horas y media de reunión giró sobre la tasación de las acciones que expropió la Argentina a un valor que no convence a los opositores. Tasación que de todas formas el Gobierno logrará aprobar definitivamente dentro de dos semanas, a instancias de sus mayorías parlamentarias.
«Se compran el discurso de las corporaciones cuestionó Zannini. No digo que no lean los diarios, pero léanlos con inteligencia», reclamó según reprodujo El Cronista. Fue después de que los radicales Miguel Giubergia y Julio Martínez cuestionaran la valuación de YPF y preguntaran por las amenazas no cumplidas de incluir los pasivos ambientales en ese cálculo. El secretario además volvió a defender el papel del ex presidente Néstor Kirchner durante la privatización de la empresa. «Lo critican como si hubiera tenido en el 92 la capacidad de decisión que pudo construir después de 2003», analizó.