El ministro de Economía, Axel Kicillof, tomó a principios de este año el control del plan Energía Distribuida, que requiere de millonarios aportes del Tesoro para solventar el funcionamiento de decenas de pequeñas centrales térmicas instaladas en los últimos ocho años. El programa fue creado en 2007 bajo la órbita de Enarsa, la empresa estatal de energía, y hasta enero era administrado por funcionarios cercanos al ministro de Planificación, Julio De Vido.
Se trata, en los hechos, de un avance más del titular del Palacio de Hacienda -que en los últimos días se mostró muy cercano a la presidenta Cristina Kirchner- contra el ministro santacruceño. Antes lo había relegado del manejo de las multimillonarias importaciones de combustibles líquidos y gas natural licuado (GNL), que hoy realizan técnicos de YPF.
El plan Energía Distribuida se puso en marcha en septiembre de 2007 cuando, frente a lanecesidad de cubrir cuellos de botella en el segmento de generación eléctrica, el Gobierno empezó a instalar pequeñas usinas o barcazas para producir energía en distintos puntos del país. El alcance de la iniciativa se fue extendiendo en los años subsiguientes -se presentaron las ediciones Energía Distribuida II, III, IV y V-, tanto que desde el año de presentación a la fecha se instalaron más de 70 pequeñas centrales térmicas en todo el país. Se trata, en rigor, de motores de generación ineficientes que consumen gasoil, el combustible más caro del mercado. Así lo consignó El Inversor Online.
Tienen, como resultado, una particularidad: sus costos de generación -medidos en pesos por megawatt por hora (MWh) producido- se encuentran entre los más altos del parque termoeléctrico. Por ejemplo, la central térmica (CT) Rafaela, de la empresa Secco, demandó en enero un costo de generación de $ 4.533 por MWh generado, según datos oficiales de Cammesa, la administrado del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Es 45 veces más de lo que pagan, en promedio, las distribuidoras eléctricas por la energía que comprar al MEM ($ 96 por MWh).
Como las tarifas que pagan los usuarios no alcanzan a cubrir los costos del sistema, en la práctica lo que termina sucediendo es que la operación de esas centrales termina dependiendo de los aportes del Estado en forma de subsidios. Las cifras son significativas: durante enero, el funcionamiento de las centrales de Energía Distribuida demandó subsidios por más de $ 320 millones. El costo anual del programa ronda los $ 3000 millones.