Con Raúl Javier Rodríguez como nuevo presidente, la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros apunta a sembrar conciencia sobre los obstáculos al desarrollo provincial que plantea la restrictiva Ley 7.722.
Mendoza no puede darse el lujo de prescindir del aprovechamiento comercial de sus recursos metalíferos. Así lo cree la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM), entidad que acaba de renovar su cúpula directiva. Su flamante presidente, Raúl Javier Rodríguez, es un reconocido abogado especialista en Derecho Minero, además de desempeñarse como profesor universitario y asesor de diferentes empresas. Bajo su gestión, aseguró, el objetivo número uno será “pelear por la existencia y el desarrollo de la actividad minera”. En ese sentido, apuntó, habrá que sembrar conciencia acerca de la importancia del segmento para el bienestar general. “Salvo en los casos de activismo ideoló- gico, una gran parte de nuestra sociedad que se opone a la minería es por desinformación”, advirtió el ejecutivo que reemplazó a Mario Chabert en la presidencia de la CAMEM. Según sus palabras, la organización nuclea a las firmas mineras y de servicios asociados en la provincia, por lo que su función esencial pasa por analizar las inquietudes de cada miembro sobre la base de la actual coyuntura normativa. “La Ley 7.722 plantea obstáculos insalvables para nuestro sector. Aunque haya empresas que la han impugnado (proceso que aún está vigente), somos respetuosos de esta legislación, pero consideramos que deberían revisarse sus restricciones”, señaló. Será fundamental, indicó, mejorar el diálogo con los distintos estamentos del Gobierno y de la comunidad. “Queremos explicar de qué se trata realmente la actividad para dejar atrás los prejuicios y las concepciones negativas y tremendistas”, completó. A través de un comunicado, la CAMEM informó que la nueva composición directiva “contiene representantes de todos los sectores vinculados con esta industria, desde empresas desarrolladoras, de exploración y servicios hasta productores de la segunda y tercera categoría de minerales”. Acompañarán a Rodríguez, según precisó la Cámara, Carlos Monjo como vicepresidente, Marita Ahumada como secretaria, Bernardo Parisek como prosecretario, Laura Gil como tesorera, Manuel Baños como protesorero y el ex presidente Mario Chabert como vocal titular. ›
Rechazo judicial
Más allá de los anhelos de la CAMEM, un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia provincial rechazó un nuevo planteo de inconstitucionalidad por parte de empresas mineras. Emitido por la Sala Segunda de la Corte, el dictamen ratificó de la sentencia de 2015, cuando la Ley 7.722 fue declarada constitucional de manera unánime por siete jueces. En ese momento, los magistrados fundamentaron su decisión sobre la base de cuestiones vinculadas con el derecho a la vida, la protección del medio ambiente y el respeto por derechos consagrados por la Constitución Nacional. Hasta la fecha, suman cinco los fallos judiciales en esta lí- nea. En todos ellos se defiende la vigencia de las principales cláusulas objetadas por las operadoras: la prohibición del uso de sustancias consideradas peligrosas (como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico), la adaptación a la norma de las firmas que ya poseían la titularidad de concesiones y la obligatoriedad legal de presentar declaraciones de impacto ambiental.