La construcción de las represas de Santa Cruz y las centrales nucleares no pasará por licitación pública previa

El Gobierno definirá con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) las condiciones para que un crédito tenga carácter concesional y así avanzar en la adjudicación directa -sin licitación pública previa- para la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz y las dos nuevas centrales nucleares que se instalarán en las provincias de Buenos Aires y Río Negro, con financiación china, por alrededor de 18.000 millones de dólares.
Así lo reveló el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en un encuentro con la prensa tras su regreso de la gira asiática en la que acompañó al presidente Mauricio Macri, en el cual se avanzó en la construcción de las dos megaobras energéticas cuyos contratos iniciales fueron revisados por el actual gobierno tras la firma de acuerdos iniciales durante la administración kirchnerista.
«El Gobierno nacional puede hacer adjudicación directa en la medida en que obtenga un crédito concesional, para lo cual saldrá en los próximos días un DNU estableciendo las condiciones por las cuales un crédito tenga ese carácter definidas por el Ministerio de Finanzas», anticipó Aranguren al referirse a las condiciones de financiamiento y adjudicación de las grandes obras.
Entre los parámetros que se tomarán en cuenta en el decreto que firmará el presidente Mauricio Macri, se destaca que el préstamo esté por debajo de la curva de financiación de la Argentina, en un determinado valor cercano del 75 por ciento; que tenga un período de gracia que cubra el de la construcción y que como máximo tenga un plazo de repago de 20 años incluido el período de gracia.
«Si esas características se cumplen se logra que el crédito tenga un carácter concesional y por lo tanto puede ser adjudicado en forma directa», aseguró el titular de la cartera energética, lo cual aplica tanto a las represas que se construirán sobre el río Santa Cruz, como la cuarta y quinta central nuclear o el parque solar Caucharí, en la provincia de Jujuy.
«La posibilidad de que haya mucha competencia para una hidroeléctrica o una central nuclear es baja», afirmó el ministro al insistir en la magnitud del financiamiento requerido.
Es que estas obras implican costos de construcción por unos 5.000 millones de dólares en el caso de las represas Gobernador Cepernic y Néstor Kirchner; unos 7.000 millones de dólares para la construcción de la central nuclear Atucha III; unos 8.000 millones para la quinta central que se emplazará en un lugar aún por determinar de Río Negro; y unos 400 millones para el parque solar.
En todos los casos las propuestas crediticias de China «tienen una tasa de financiación muy por debajo de lo que hoy la Argentina puede conseguir en el mercado internacional», lo que justificaría la decisión de avanzar sin una licitación pública internacional.
Para Aranguren, las garantías de baja tasa no implicará dificultades en la calidad, costos de construcción o desarrollo de la obra ya «que previamente se establece un proyecto ejecutivo y un contrato comercial que tiene que satisfacer» al tomador del crédito.
Para el ministro, esta figura de crédito concesional sólo sería necesario para estos megaproyectos ya que «en función de la buena experiencia de licitación para generación térmica, de las dos rondas del Programa Renovar y la que se encara para julio para la primera ronda de cierre de ciclos, encontramos que el mercado le responde a la Argentina».
A partir de las tres licitaciones de generación que viene encarando el Ministerio, Aranguren afirmó que el país recibió propuestas «con valores altamente atractivos, con ofertas que permiten evitar que en el futuro tengamos que hacer obras de carácter de adjudicación directa».
De los dos megaobras, la que más contratiempos sufrió desde la llegada de la nueva gestión fue el proyecto de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, sobre las cuales el Ministerio avanzó el año pasado en la firma de adendas al contrato original con China para incorporar un conjunto de modificaciones referidas a la sustentabilidad de la obra.
Al respecto, Aranguren explicó que «se hizo el estudio de impacto ambiental revisado en conjunto con el Ministerio de Ambiente que llevó a confirmar que las represas era viables ambientalmente en la medida que se cumplieran ciertos planes de mitigación de protección de la flora y la fauna».
A partir de esta definición, el estudio que esta siendo terminado de redactar por ambos ministerios se entregara la semana próxima a las autoridades provinciales y a la Nación para que entreguen sus dictámenes a fin de junio, a partir de lo cual se solicitará al Congreso que convoque a audiencia pública para mediados de julio.
El Congreso tiene la obligación de emitir un reporte no vinculante de la audiencia pública dentro de los 30 días de realizada la misma, y cuando eso ocurra se pedirá que se levante la cautelar a la justicia en lo Contencioso Administrativo de la Capital federal, que impide el avance de las obras de las represas, tras su paso por la Corte Suprema de la Nación.
Mientras las obras de la represa podrán ser retomadas en septiembre, según estima el Gobierno nacional, Argentina y China también firmaron en Beijing un contrato marco para la construcción de la cuarta y quinta central nuclear en el país, con una inversión total prevista por US$ 14.000 millones, de los cuales el país asiático financiará el 85%.
La primera de las centrales que comenzará a construirse en enero en la localidad bonaerense de Lima, brindará una potencia instalada de 700 Mw y demandará unos 7 años de construcción, mientras que la segunda de las centrales se localizará en la provincia de Río Negro, aportará 1.150 Mw de potencia y requerirá unos 8 años de obras a partir de 2020.