En un fallo unánime, la Corte Suprema de Justicia ordenó frenar la suba de la tarifa del gas para los usuarios residenciales y determinó la obligación del Gobierno a realizar audiencias públicas antes de la aplicación de incrementos en los servicios públicos.
De esta forma, anuló los aumentos de gas para los usuarios residenciales al determinar que el llamado a audiencia pública «es de cumplimiento obligatorio» y las tarifas deben retrotraerse al 31 de marzo, es decir, al día previo a que se apliquen los aumentos. Además se mantiene la tarifa social.