Tras ocho años, la Suprema Corte de Mendoza aparece como decidida a resolver uno de los temas más controversiales que duermen en su seno: la constitucionalidad o no de la ley 7.722, la conocida ley «antiminera». Fue uno de sus miembros, Jorge Nanclares, quien en la última semana comenzó a hacer público el interés del Tribunal por resolver la cuestión en un tiempo político justo. Según consignó Mendoza Online, si la Corte cumple con lo que está diciendo, Alfredo Cornejo podría tener terminado por ahora este conflicto que ya involucró a tres gobernadores. No hay evidencias concretas de que el próximo mandatario haya pedido expresamente ante la Corte que apuren la sentencia. En el último tiempo mantuvo algunos contactos informales con algunos de sus integrantes en los que, incluso, le dijeron que el tema estaba verde todavía. Es más: Cornejo no tiene puesta la cabeza en la minería hoy por hoy, consciente de que, al menos en el corto plazo, las restricciones legales y la situación del país alejaron a los inversores fuertes. Nanclares salió a apurar el paso. «La sentencia por la 7.722 va a salir con relativa prontitud. Esa prontitud no significa inminencia, pero esperamos que el fallo salga antes de fin de año», dijo el juez. Nanclares está por este mes a cargo de la presidencia de la Corte (el titular Pedro Llorente está de licencia) y anticipó -asimismo- que “en cinco o 10 días” podría estar listo el auto de sentencia para que empiece a correr el plazo legal de los 60 días hábiles que la Corte tendrá para resolver. «Esperamos llegar antes de fin de año», confió el magistrado.