Marcelo Álvarez, presidente de la CAEM
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros considera que la abolición de los derechos a las exportaciones fue una medida con sustento real. A decir de su titular, Marcelo Álvarez, gracias a ella se sostuvieron miles de empleos y el país aumentó sus ingresos.
La actividad minera está frente a un punto de inflexión a nivel nacional. Así lo cree el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Álvarez. “Estamos ante una encrucijada, un momento para definir si vamos a mostrarle al mundo que somos un país confiable o, por el contrario, una nación donde es imposible la planificación a mediano y largo plazo”, advirtió el directivo.
La quita de retenciones, expresó, trajo una bocanada de oxígeno que ayudó a reactivar varios proyectos y extendió la vida útil de otros. “La decisión mejoró nuestra competitividad y nos volvió a poner en el mapa de las inversiones. Entendemos la necesidad del Estado de obtener una mayor recaudación. Pero es justamente por eso que las autoridades deben estar bien informadas”, aseguró.
A su entender, la eliminación de las retenciones mineras no fue una dádiva, sino una medida con sustento real. “Es simple: a mayor competitividad, más inversiones y más beneficios para el país”, resumió.
Gracias a la medida, precisó, la minería generó u$s 1.300 millones en exportaciones y le dio continuidad a un gran número de puestos de empleo. “Entre 2015 y 2016, nueve proyectos mineros hicieron compras por u$s 1.600 millones. Un gran porcentaje de esa suma, en el país”, cuantificó.
En su opinión, una opción racional sería impulsar el lanzamiento de más emprendimientos. “No sobrecargar con nuevas imposiciones nacionales, provinciales y municipales a quienes apostaron por este mercado”, manifestó.
Según sus palabras, matar a la minería será equivalente a repartirse las porciones de un pastel inexistente. “A principios de este año anunciamos el desafío CAEM 20/21 para reactivar el crecimiento sectorial. Ya está dado el primer paso. De hecho, hay anuncios por u$s 1.900 millones. Nuestra voluntad de desarrollo sigue firme, sólo necesitamos que se mantengan las condiciones apropiadas”, insistió el dirigente del sector.
La idea, anticipó, es crear más de 40.000 puestos de empleo, apoyar a las Pymes y contribuir con el bienestar de las comunidades mineras. “La transparencia del Estado y las empresas en materia de planificación y el aporte de recursos deberían ser los ejes centrales del Acuerdo Federal Minero que por estos días se está discutiendo”, aseveró.
Minería sustentable
De acuerdo con Álvarez, la Ley de Glaciares y su reglamentación continúa generando mucha incertidumbre para el desarrollo de la minería en la zona cordillerana del país. “El avance en la elaboración del Inventario de Glaciares es lento, sólo cumplió con una parte de lo previsto y lo hizo con una interpretación muy superficial. Hay que respetar los criterios científicos y objetivos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANINGLA), dejando de lado las posturas fundamentalistas”, criticó.
Por otro lado, el directivo destacó la importancia del acuerdo firmado por la CAEM para implementar el programa “Hacia una Minería Sustentable”, con estándares equiparables a los utilizados en la mejor minería del mundo, exámenes externos y consenso multidisciplinario. “Se trata del punto de partida de una nueva etapa de una minería argentina competitiva, responsable y volcada al desarrollo de las personas”, indicó.
Asimismo, resaltó la creación de un Consejo Minero Federal (COMIF). “Esa iniciativa tiene que ver con la incorporación de las provincias al seno de la Cámara para tener una mayor representatividad de sus distintas problemáticas”, explicó.
Lamentablemente, admitió, la CAEM no ha podido generar un ámbito de encuentro con las cámaras de proveedores. “No logramos tener un interlocutor legitimado. Pero le pediremos a la Secretaría de Minería que genere sus propios canales de comunicación”, prometió.
La actividad minera, señaló, es sinónimo de crecimiento y futuro. “Un incremento en la carga impositiva tendría un impacto negativo en la industria y castigaría a las zonas que por su geografía no cuentan con otros recursos en abundancia”, recalcó. ›|‹