El sector público gana protagonismo en el sector
Mientras la inversión privada se ameseta, 8 de las 10 provincias mineras ya disponen de su empresa estatal. ¿Qué tan lejos estamos de que la minería argentina tenga su propia Yacimientos Metalíferos Fiscales?
La idea del secretario de Minería, Jorge Mayoral, de llevar al ámbito minero la “profundización el modelo” –uno de los sellos de la administración kirchnerista– y el sueño de que “cada provincia tenga su propia empresa minera” hoy se traducen en hechos, tal vez modestos, pero concretos.
De las 10 provincias argentinas que conforman la flamante Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), 8 ya cumplen con una de las premisas fundamentales del bloque: contar con una firma estatal que incremente la participación pública en el segmento a través de asociaciones con proyectos de exploración y desarrollo de aportantes privados.
No es un detalle menor que 6 de las 8 sean de muy reciente creación: Catamarca Minera y Energética (CAMYEN), Empresa Minera Rionegrina (EMIR), Energía y Minerales (EMSE) de La Rioja, Jujuy Energía y Minería (JEMSE), Petrominera de Chubut y Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSA). Y en cuanto a las dos más antiguas –es decir, Fomento Minero de Santa Cruz (Formicruz) y Corporación Minera de Neuquén (Cormine)–, hay que destacar que la segunda estuvo al borde de la desaparición y fue relanzada hace apenas 5 años.
En realidad, la única de las 10 provincias de la OFEMI sin una entidad estatal de referencia sería Mendoza (aunque hay un proyecto de ley al respecto presentado por el senador Gustavo Cairo), puesto que en San Juan opera el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPPEM), cuyas facultades hasta el momento se ven limitadas a la función de concesionar áreas, pero que perfectamente podría ampliar su campo de acción o servir de modelo para una futura empresa provincial.
Según Mayoral, la conformación de mineras públicas provinciales, los fideicomisos para obras de infraestructura y la creación de agencias de desarrollo representan medidas superadoras y no un simple cambio de esquema. “Esta tendencia responde a la intención de participar en la puesta en valor de los recursos naturales mineros con el fin de convertirlos en riqueza y ponerlos a disposición de la equidad y la mejora de oportunidades para todos los argentinos”, enfatiza el funcionario, en diálogo con este medio.
No más ausencia
Consultado por El Inversor Energético & Minero, Rodolfo Micone, secretario de Minería catamarqueño, justifica la mayor injerencia estatal dentro de la minería argentina con un ejemplo muy claro. “El Estado ya no podía estar ausente ante una cruda realidad: aún hay muchas comunidades sin ver el desarrollo minero que las empresas privadas les habían prometido. Desde nuestro lugar, tenemos que velar por una mejor calidad de servicios, educación, salud y seguridad para todos, especialmente para quienes viven cerca de los proyectos”, señala.
En el caso puntual de Catamarca, destaca que las compañías han entendido cuál es el camino a seguir. “Nos hemos sentado a dialogar con todas ellas y les hemos hablado sobre la importancia de la flamante CAMYEN, que ya se encuentra operativa y en vías de definir con qué recursos se financiará”, comenta.
A decir del jujeño Daniel Ibáñez, secretario ejecutivo de la OFEMI, si bien las nuevas empresas provinciales recién están dando sus primeros pasos, sirven ni más ni menos que para dar fin a las viejas controversias relacionadas con el artículo 124 de la Constitución, que estipula que los recursos naturales pertenecen a las provincias. “Eso podía resultar polémico al comparar la situación de inferioridad que tenían los gobernadores, con respecto al Estado nacional, a la hora de sentarse a negociar con las grandes mineras. Ahora, en cambio, los distritos provinciales pueden ser socios de esas mineras y tienen como respaldo una política en común –la de la OFEMI– para imponer reglas de juego claras, generar más inversiones y, al mismo tiempo, defender sus intereses”, asegura.
Sin ánimos de competir
Obviamente, el avance estatal en el segmento difícilmente llegue alguna vez a reemplazar –o siquiera competir con– el aporte privado, y por eso suena poco factible la hipotética creación de una Yacimientos Metalíferos Fiscales (YMF), a imagen y semejanza de la recuperada YPF en el ámbito petrolero. Eso lo tiene perfectamente claro Ricardo Salas, secretario de Minería de Salta.
“La minería lleva implícita una participación del Estado, pero ésta debe desarrollarse de una manera racional, sin afectar la sustentabilidad y viabilidad de los emprendimientos privados. Debe haber un equilibrio en la distribución de la riqueza para que exista un beneficioso efecto multiplicador, por un lado, y para que las compañías tengan rentabilidad y quieran seguir invirtiendo, por otro”, argumenta.
La mayor presencia estatal en la minería argentina también se hace sentir a través de controles ambientales y de seguridad más intensos. Catamarca y la Rioja, por caso, acaban de convertirse en las dos primeras plazas eminentemente mineras del país que exigen la contratación de un Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) a todas aquellas empresas que desempeñen actividades productivas con riesgos para el medio ambiente.
Incluso provincias sin tradición minera, como Entre Ríos (que sólo produce arenas para la construcción y suelos seleccionados), han impulsado cambios normativos para regular mejor el sector. “Nuestra nueva ley estipula la creación del Registro Único de Actividades Mineras, constituye un Fondo Minero, establece un régimen de permisos para llevar a cabo trabajos de exploración o explotación y controla las embarcaciones que implementen acciones extractivas en los cursos de agua de jurisdicción entrerriana”, enumera el director provincial de Minería, Jorge Tomás. ›|‹