En un giro imprevisto, el oficialismo en la Cámara de Diputados clausuró ayer el debate en comisión de la nueva ley de hidrocarburos y, dos días antes de lo programado, emitió dictamen favorable al proyecto que será tratado el miércoles próximo en el recinto.
El Frente para la Victoria tomó la decisión en el último minuto de un plenario de comisiones repleto de recriminaciones cruzadas entre opositores y oficialistas. El encuentro contó con la presencia del CEO de YPF, Miguel Galuccio ; el ministro de Planificación, Julio De Vido ; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini , y la secretaria de Energía, Mariana Matranga.
«El debate ya está agotado», argumentó el vicepresidente del bloque oficialista, el salteño Pablo Kosiner, para reclamar que se adelantara la firma del dictamen. «La oposición no mostró voluntad de debatir», agregó, señalando con la palma derecha el sector de sillas que los opositores habían dejado semivacío. La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la kirchnerista Diana Conti, enseguida hizo lugar al pedido.
La discusión, de más de seis horas, había arrancado a sala llena. Los funcionarios defendieron la política energética, atribuyeron el déficit a la duplicación del PBI registrada entre 2003 y 2013, y afirmaron que la nueva ley es una herramienta que atraerá inversiones extranjeras para desarrollar los yacimientos de hidrocarburos no convencionales y que también permitirá alcanzar el autoabastecimiento. Así lo consignó La Nación.
Además, puntualizaron que se había tomado como modelo el acuerdo de inversiones firmado en 2013 entre YPF y Chevron para la explotación de Vaca Muerta, en Neuquén.
La nueva ley reconoce el dominio del subsuelo a las provincias, pero crea un marco regulatorio único para todo el país. Se dispone la ampliación de los plazos de concesión, se establece una promoción fiscal para los proyectos de inversión de más de 250 millones de dólares, se pone un tope de 12% a las regalías (que puede elevarse hasta 18% en caso de prórroga) y se elimina la posibilidad del «acarreo», esto es, que las provincias se integren como socios de los proyectos sin hacer la inversión correspondiente.
Galuccio destacó el crecimiento que había registrado la producción de YPF desde su estatización y señaló que los diputados debían tener en cuenta que la Argentina competía por las inversiones con el resto de las naciones ricas en hidrocarburos no convencionales. «Muchos países del mundo están modificando sus leyes porque son pragmáticas y necesitan inversiones», manifestó el CEO de la petrolera.
Las críticas de la oposición se centraron en dos puntos: la falta de una regulación ambiental para evitar los eventuales daños que se atribuyen al fracking, el método de estimulación hidráulica usado para la extracción de hidrocarburos no convencionales, y el tope del 12 por ciento en las regalías.
«Las empresas no van a poder competir por las regalías que van a pagar. La discusión es qué valor tiene el recurso que estamos entregando», sostuvo Federico Sturzenegger (Pro), que afirmó que cada punto de regalías representaba 45.000 millones de dólares. En la misma línea, Mario Das Neves (Frente Renovador) destacó que como gobernador de Chubut había logrado en 2007 que la empresa PAE pagara regalías del 15 por ciento. A su turno, Alcira Argumedo cuestionó que se hubiera fijado el límite en 12 por ciento, mientras que en países como Colombia, Venezuela y Bolivia se cobraba más del 25 por ciento.