Las provincias petroleras darían mañana luz verde al proyecto de ley de hidrocarburos que el Gobierno nacional entregó el jueves pasado, luego de aceptar algunas de los exigencias de los gobernadores díscolos y dar marcha atrás con el borrador que impulsaron por tres meses. El nuevo régimen mantendría la prohibición al sistema de “acarreo”, pero se compensaría con dos de los reclamos más grandes que sostenían, principalmente, desde Chubut y Neuquén: que el control de las licitaciones quede en cada distrito y que se permita el cobro de un canon de ingreso en las prórrogas de concesiones.
Este martes se reunirán en Buenos Aires los gobernadores de las diez provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). Allí le darán la última revisión al borrador que la semana pasada se llevaron de Casa Rosada el chubutense y presidente de la Ofephi, Martín Buzzi, y su par neuquino, Jorge Sapag, y que en los últimos días fueron distribuyendo entre el resto de los mandatarios. Aunque los gestos que surgieron en las últimas horas, sobre todo desde Chubut y Neuquén, todo parece encaminado a una resolución inminente.
Aunque se negó a brindar detalles del proyecto remodelado, un alto funcionario chubutense admitió a BAE Negocios que la negociación está en su tramo final. “Se han incorporado mucho de los puntos que veníamos solicitando desde las provincias explicó. Estamos en una atmósfera muy distinta a la que se respiraba semanas atrás”. Desde el Gobierno de Neuquén soltaron las mismas impresiones.
Este dato es clave, ya que si Buzzi y Sapag aceptan formalmente la última versión de la ley, algo que también estaría aceptando el gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez, el expediente quedará listo para ingresar al Congreso. En el resto de las provincias que integran la Ofephi ven con buenos ojos el marco regulatorio y promocional para la producción petrolera y, además, tienen menos en juego que estos tres mandatarios, ya que prácticamente no poseen en sus territorios reservas de hidrocarburos no convencionales, cuya explotación es el principal objetivo de la ley.
Si bien el Poder Ejecutivo ordenó no filtrar la redacción final de la ley, las provincias se quedarían con el control absoluto de las licitaciones e incluso, tendrían participación directa en la creación del “pliego modelo”.