Hubo reuniones secretas entre financistas y presidentes internacionales, guardias armados llegando a oficinas y ejecutivos huyendo por su seguridad en el primer vuelo a casa.
Desde que el año pasado el gobierno argentino nacionalizó a la fuerza la división YPF de Repsol, esos movimientos «a menudo con escenas no tan diferentes a una película de James Bond», han sido casi la norma.
Durante el año pasado, las complejidades geopolíticas que circundan Repsol retaron hasta a los observadores más sagaces, con tres gobiernos nacionales y varias grandes compañías compitiendo por conseguir un acuerdo beneficioso para sus intereses particulares. Lo que no queda claro todavía para los inversores de Repsol es si sus propios intereses estuvieron bien representados.
«Ésta no ha sido una situación fácil de entender para nadie», aseguró José Martin-Vivas Alcaide, analista del sector petrolero en Mirabaud, en Madrid. «La situación implicó muchos conflictos entre accionistas, y una disputa que no era sólo simplemente entre compañías, sino también entre varios gobiernos, todos queriendo diferentes cosas».
En el encuentro en Buenos Aires donde el lnues se selló el acuerdo preliminar de compensación por u$s 5.000 millones, estaban presentes no sólo funcionarios argentinos y ejecutivos de Repsol, sino también el ministro de Industria de España, el número uno de la petrolera estatal de México, y el presidente del directorio del banco más grande español en términos de activos locales. Así lo consignó El Cronista.
Pemex, petrolera estatal azteca y segundo mayor accionista de Repsol, dejó saber al grupo español que estaba a favor de arreglar rápido con Argentina, y a principios de este mes comenzó a criticar públicamente a Antonio Brufau, el presidente ejecutivo de Repsol, por el monto de su salario.
Se sabe que el CEO de Pemex, Emilio Lozoya, que encabezó los ataques a Brufau, tiene una estrecha relación con Miguel Galuccio, el presidente de YPF que hizo campaña a favor de un acuerdo debido a la necesidad del grupo argentino de eliminar barreras legales para recibir nuevas inversiones en sus activos.
Mientras tanto, Caixabank, el banco catalán que es el mayor inversor de Repsol y, que debido a su red de participaciones en compañías españolas es una de las mayores concentraciones de poder corporativo del país, comenzó a mostrarse enfrentado con Brufau.
Los dos grandes accionistas habían argumentado a Brufau que era mejor para Repsol recibir alguna compensación antes que esperar por un pago mayor que nunca llegaría, dada la cantidad de acreedores internacionales que ya están persiguiendo a Argentina después de su default de deuda de 2001.