El Gobierno está negociando con las principales empresas productoras de gas la continuidad del Programa de estímulo a la inyección excedente de gas, conocido en la jerga petrolera como Plan Gas a secas. Se trata de la iniciativa publicada en enero de 2013 que motorizó un incremento de las inversiones en los yacimientos locales de gas. La vigencia de la medida se extienda, en rigor, hasta el 31 de diciembre de 2017, es decir, dentro de 12 meses. Los privados quieren que el Ejecutivo garantice la extensión del programa –que en la práctica establece mejores precios de venta para la nueva producción de gas- al menos hasta 2020. El ministro Juan José Aranguren recibirá hoy a la tarde a representantes de las empresas petroleras para seguir avanzando con la negociación del nuevo convenio colectivo de trabajo aplicable para los campos no convencionales. Es probable que la discusión en torno al nuevo Plan Gas se cole en la agenda.
El Inversor Online tuvo acceso a los lineamientos centrales de la iniciativa que está siendo discutida en el seno del Ministerio de Energía, que dirige Juan José Aranguren. En esa lista figuran:
a) El Plan Gas contempla el pago de un precio diferencial de US$ 7,50 por millón de BTU para la producción de gas que se encuentre por encima de la curva de declinación convenida entre cada empresa y el Ejecutivo. Es un subsidio que no distingue entre tipos de yacimientos (convencionales y no convencionales). Tiene en cuenta la producción total del fluido de cada petrolera para determinar el volumen de subsidios que le corresponde. La versión que prepara el Ministerio de Energía estará enfocada, fundamentalmente, en el desarrollo de los reservorios no convencionales de tight y shale gas. A priori, los proyectos convencionales y los offshore no estarían alcanzados. Las petroleras quieren que se incluya también a proyectos convencionales de mayor riesgo como el desarrollo de campos en el mar.
b) Si el Plan Gas I establece el pago de un único precio diferencial de US$ 7,50 para la producción incremental de gas, la iniciativa que se está trabajando en Energía prevé una escala variable de precios en función del tiempo. En efecto, la propuesta del Gobierno es fijar un esquema de promoción a la inversión que se extienda entre 2018 y 2020. La idea que transmitió Aranguren a las petroleras contempla un esquema decreciente de precios, que arrancaría en US$ 7,50 aplicable a 2018 y finalizaría en US$ 6,50 en 2020. Es probable que se introduzca una fórmula de fijación de precios que esté vinculada al precio de importación de Gas Natural Licuado (LNG). La lectura del Gobierno es que hacia el final de esta década los costos de producción en Vaca Muerta se reducirán por lo que la explotación de shale gas será rentable con un precio de 6,50 dólares. Las empresas, en cambio, alegan que a los costos actuales ese precio es insuficiente para garantizar inversiones.
c) El Ejecutivo quiere que las petroleras privadas avancen con el desarrollo masivo de shale gas en Vaca Muerta. Según confiaron a este medio fuentes cercanas a la Jefatura de Gabinete, el Gobierno no avanzará con un nuevo esquema de promoción a la inversión en gas –vía subsidios directos del Estado- si no existe un compromiso real de los productores de invertir en Vaca Muerta. “Ya no alcanza con realizar proyectos pilotos de 20 o 30 pozos. Queremos proyectos de explotación comercial de 1500 o 2000 millones de dólares. El objetivo es conseguir, para 2018, inversiones por US$ 6000 millones en el desarrollo de tight y shale gas”, precisaron.
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