Jaime Bergé, titular de la CMSJ
La Cámara Minera de San Juan se expresó de manera favorable con respecto a la flexibilización de la denominada ‘Ley de Compre Nacional’. Según su titular, Jaime Bergé, esto ayudará a hacer más competitiva la actividad.
A fin de elevar la competitividad de la minería, las últimas resoluciones que flexibilizan las exigencias de la ‘Ley de Compre Nacional’ resultan positivas, según la visión del presidente de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ), Jaime Bergé.
A su entender, las últimas determinaciones del Gobierno –puntualmente, la derogación de la obligación a contratar fletes y transporte marítimo nacional, y la eliminación del Departamento de Sustitución de Importaciones en las mineras– aportarán beneficios en el desempeño sectorial. “El temor de que estas medidas afecten a la industria doméstica es infundado. Por el contrario, pienso que nos potenciarán y ayudarán a que cada día seamos mejores. La competencia implica superación. Hay que ser proteccionistas, pero con un criterio lógico”, argumentó.
Según sus palabras, la anterior legislación estipulaba imposiciones absurdas, como la de contratar fletes marítimos de necesaria procedencia local. “Era una norma hecha a dedo, lo cual nunca funciona. No se puede obligar a nadie a tomar esa clase de decisiones”, cuestionó el directivo sanjuanino.
Con la compra de repuestos que no se fabricaban en el país, indicó, se propiciaban grandes injusticias. “La normativa favorecía que un importador vendiera el producto al triple de su valor o más”, ejemplificó.
En ese sentido, destacó el convenio sellado por la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI) en la mina Veladero para que la mayor parte posible de las licitaciones y compras queden en San Juan. “El éxito de este mecanismo reside en que lo avala un acuerdo de partes y no una ley”, distinguió.
Si no se flexibilizan algunas variables, apuntó, el ‘Compre Nacional’ es de muy difícil cumplimiento. “Lo que hay que lograr es que los productores puedan suministrar buenos productos y servicios a precios competitivos. Nadie está dispuesto a pagar sobreprecios, el sentido común hace que se opte por el mejor nivel de precio y calidad”, concluyó. ›|‹
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Menos obligaciones
Suscripta por el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, y publicada en el Boletín Oficial el pasado 9 de agosto, la Resolución 110 E/2017 indica que los nuevos emprendimientos mineros y las ampliaciones en marcha deberán presentar –junto con el estudio de factibilidad– un Plan de Participación de la Industria Nacional (PPIN). En él se informarán las acciones llevadas a cabo a fin de impulsar la participación de la industria local tanto en las primeras fases del proyecto (es decir, en la ingeniería y el diseño) como en la instancia operativa inicial.
Adicionalmente, la Resolución deroga el esquema normativo que regía desde 2012, el cual establecía que las compañías beneficiadas por la ‘Ley de Inversiones Mineras’ tenían que contratar firmas nacionales para realizar fletes marítimos, fluviales, terrestres o aéreos a la hora de de posibilitar operaciones de exportación de minerales o recursos derivados.
Otro cambio tiene que ver con la abolición de la obligatoriedad para las mineras de contar con su propio Departamento de Sustitución de Importaciones, entre otros requerimientos.
Según la nueva Resolución, las medidas derogadas fracasaron, ya que con ellas no se logró “verificar el grado de contribución a la profundización del proceso de sustitución de importaciones de bienes y servicios en la actividad”.
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