Frente al estancamiento del negocio a nivel local, cada vez más firmas mendocinas optan por viajar a Chile para ofrecer su tecnología, servicios y mano de obra calificada al sector minero de ese país.
Como el viejo adagio de Mahoma y la montaña, bien podría decirse que si el negocio local se estanca, las prestadoras mendocinas de servicios mineros van en busca del mercado trasandino. Avaladas por el Gobierno provincial, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) del rubro acaban de cruzar la Cordillera para estrechar lazos con sus pares chilenas.
Una primera comitiva visitó la mina de cobre El Teniente, ubicada bajo el cerro homónimo, en la comuna de Machalí, dentro de la región Libertador O’Higgins, unos 120 kilómetros al sur de Santiago. La delegación fue encabezada por el ministro de Energía de Mendoza, Marcos Zandomeni, quien estuvo acompañado por los legisladores Ana Sevilla y Gustavo Cairo; el asesor legal de la Empresa Mendocina de Energía (EMESA), Emilio Bertolini; el representante de la Cámara de Servicios Mineros Mendoza (CASEMMZA), Laureano Manso, y distintos directivos de las firmas Asimet, Metal 1, Flargent, IMPSA y Servicios Milenium.
A decir de Zandomeni, el objetivo primordial del viaje fue fortalecer vínculos con las autoridades chilenas y entablar negociaciones con empresarios de esa nación, además de ofrecerles tecnología y personal calificado “made in Mendoza”, y compartir un espacio para analizar el presente y el futuro de la actividad. “En ese sentido, se avanzó significativamente en las relaciones comerciales para la provisión de herramientas y mano de obra al sector, lo que pronto se traducirá en resultados concretos para las compañías mendocinas, que disponen de capacidad de trabajo, buen soporte tecnológico y recursos humanos competitivos”, aseveró el funcionario.
Según sus palabras, gracias a sus rigurosas normas de control Chile cuenta con una explotación minera que no contamina el agua ni provoca fuertes impactos ambientales, lo que está a tono con la visión de desarrollo industrial que sostiene el Gobierno mendocino. “La legislación chilena, los organismos controladores y otros estamentos trabajan de manera conjunta para favorecer la sustentabilidad de los emprendimientos”, destacó.
En stand by
A principios del año pasado, el anuncio de un nuevo Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT) en Mendoza suscitó grandes expectativas entre los inversores y bastante preocupación entre los activistas antimineros. Pero la posibilidad de que se adoptaran modificaciones en la Ley 7.722 –que prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, el mercurio o el ácido sulfúrico para la extracción de recursos minerales– fue descartada rápidamente.
El tema volvió a estar en boca de todos en función del avance en la Legislatura provincial de dos proyectos pensados para desarrollarse en la localidad de Malargüe: Indio (de hierro) y Cerro Amarillo (de cobre). No obstante, el debate quedó nuevamente congelado por las especulaciones políticas en vísperas de las elecciones.
Según la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEN), la provincia deja de ganar unos u$s 1.215 millones anuales debido a la prohibición que pesa sobre la minería uranífera y metalífera a gran escala. La cifra representa casi un 25% del Producto Geográfico Bruto (PGB) total, cercano a los u$s 5.000 millones.
Con el aporte del segmento minero, durante el próximo lustro las arcas provinciales podrían recibir u$s 232 millones sólo en concepto de impuestos directos e indirectos. Adicionalmente, el segmento estaría en condiciones de obtener una rentabilidad del orden de un 15%, con una carga impositiva superior al
50 por ciento. ›|‹