La jornada del miércoles en el Salón Azul del Senado, donde se discutió en comisión la reforma petrolera que impulsa el Ejecutivo, encontró a varios senadores del Frente para la Victoria y también de la oposición negociando hasta última hora la introducción de modificaciones menores en el texto oficial, a cambio de apoyar la iniciativa. La mayoría de esas tratativas no prosperó a pesar de que, en muchos casos, contaban con el aval de Carlos Zannini, el poderoso secretario Legal y Técnico de la Presidencia. Es que las enmiendas sugeridas por los legisladores no pasaron el filtro de los técnicos de YPF; en rigor, los verdaderos escribas del proyecto de ley. Uno de los que se quedó en la puerta fue Guillermo Pereyra, senador del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Alta, que anticipó su voto en contra de la reforma después de que directivos que responden a Miguel Galuccio, presidente de la petrolera bajo control estatal, le negaran la incorporación de cambios en el documento.
Sin embargo, pese al cerrojo ejercido desde la torre de Puerto Madero, el dictamen firmado por los senadores kirchneristas incluyó una modificación significativa impulsada por la gobernación de Chubut, a cargo de Martín Buzzi, y de Pan American Energy (PAE), la segunda petrolera del mercado.
En una corrección que tomó por sorpresa a la mayoría de los senadores, el texto aprobado el miércoles establece que las compañías que inviertan en el offshore podrán girar un 60% de las utilidades que obtenga fuera del país. En tiempos de cólera cambiaria es un beneficio interesante.
Altos directivos de la petrolera, que es propiedad de la británica BP y de Bridas –de la china CNOOC y los hermanos Bulgheroni-, gestionaron en persona la introducción de la modificación directamente en el Senado. Marcos Bulgheroni, hijo de Carlos, presidente y hombre fuerte de Bridas, participó de esas negociaciones en el Congreso. Y Marcelo Guinle, senador de Chubut por el FPV, cursó el pedido formal para que se reescriba el documento con el respaldo de Buzzi, que incluso sostuvo que bajará las regalías provinciales a la explotación offshore con vistas a motorizar la inversión hidrocarburífera en el mar.
En rigor, el artículo 19 del documento de ley define como concesión offshore a toda la explotación hidrocarburífera más allá de la línea de costa. El texto original que circuló hasta el miércoles al mediodía exigía, en cambio, que –para acceder a los incentivos que prevé el régimen de promoción- los pozos en el mar tendrían que tener al menos 90 metros de profundidad entre el lecho marino y la superficie.
La enmienda favorecerá la perforación de pozos exploratorios frente a las costas de Comodoro Rivadavia a fin de evaluar la continuidad en el mar de Cerro Dragón, el mayor yacimiento petrolífero del país. El plan de PAE es colocar pozos someros –de poca profundidad- en el agua para explorar la productividad del área offshore la cuenca del Golfo San Jorge. Es un viejo anhelo de la empresa controlada por los Bulgheroni, que en 2007 se comprometió a invertir US$ 80 millones en el mar de Chubut y Santa Cruz, aunque luego debió suspender sus planes por orden de un juez santacruceño que otorgó una medida cautelar a favor de una asociación de pescadores que se opone a la explotación costa afuera de hidrocarburos.
Tal como quedó redactada, la reforma petrolera promocionará la explotación de la cuenca offshore del Golfo San Jorge. Es un pedido de Buzzi, que el martes en el Senado señaló que “un 35% de la superficie de la cuenca se extiende en el mar, por lo que debemos promover su exploración”.