“No se trató nada nuestro, todo lo que se fue presentando fue muriendo en comisiones” marcó ayer el diputado Alejandro Victoria, al término de una sesión más que light, con la que los legisladores dieron cierre a la primera mitad del año.
En estos meses de actividad parlamentaria no se discutió el proyecto en el que el Gobierno tiene particular interés, relativo a la creación del Plan de Infraestructura Habitacional, con la que se pretende dar créditos a los nuevos adjudicatarios del plan de urbanización emplazado detrás del Bicentenario de esta capital.
Semanas atrás, el ministro secretario general de la Gobernación, José Luis Garrido, había exhortado a los parlamentarios a través de Tiempo Sur, a dar tratamiento a la iniciativa, bajo la premisa de generar esta opción para los riogalleguenses que, con un terreno adjudicado, no tienen hoy posibilidades de afrontar los costos de su vivienda única.
Por otra parte, la Legislatura cerró el semestre sin haber aprobado el presupuesto y si bien la ley de leyes se podría discutir en agosto, no menos cierto es que la iniciativa tomó estado parlamentario en el mes de noviembre de 2013 y que, aún sin las modificaciones que signaron la devaluación del peso en febrero, desde la bancada radical se advirtió que los diputados contaban con herramientas como para avanzar en su discusión, solicitando a los ministros información sobre los números de la provincia.
Un dato que pinta la situación de presunto “desinterés” sobre las iniciativas oficiales, es que precisamente ayer pasó definitivamente a archivo el polémico proyecto de la diputada Selsa Hernández, mediante el cual el Gobierno gravaba un canon a las transferencias de empresas mineras.
La iniciativa cayó ayer en caso roto por imperio del Artículo 108 de la Constitución provincial, que dice que, cuando se cumplen dos años de un proyecto en comisiones, queda sin efecto.
El canon minero, para gravar las transferencias de dominio de empresas, que son concesionarias de yacimientos mineros en Santa Cruz, había sido solicitado por el Ejecutivo en 2012, con la intención de mejorar la recaudación.
Este proyecto establecía una contribución especial de carácter extraordinario de un 10% a toda cesión de derechos y acciones que surjan de concesiones mineras o venta de propiedades mineras, calculado sobre el precio de dicha transferencia. El Artículo 2º determina que la contribución especial de carácter extraordinario se podía abonar hasta en 3 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, lo cual será instrumentado mediante convenio.