El Senado mexicano aprobó ayer una reforma energética que modifica tres artículos de la Constitución y abre al capital privado la exploración y explotación de petróleo, su industrialización y la generación de electricidad, actividades reservadas al Estado. La norma contó con los votos del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el derechista Partido de Acción Nacional (PAN). La iniciativa –uno de los principales planes de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y largamente resistida por la izquierda mexicana– pasó ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo espera poder aprobarla antes del domingo, cuando termina el período ordinario de sesiones. La controvertida norma recibió 95 votos a favor de las bancadas del PRI y el PAN y 28 en contra del PRD (Partido de la Revolución Democrática) y el Partido de los Trabajadores (PT). Peña Nieto calificó como trascendental la decisión del Senado e indicó que la reforma permitirá a México aprovechar mejor sus recursos para crecer económicamente y crear empleos durante los siguientes años.
Antes de la votación, el senador del PRI René Juárez Cisneros manifestó que lo que estaba en juego era la responsabilidad histórica de convertir al sector en palanca del desarrollo nacional y aumentar la renta petrolera en beneficio de los mexicanos. La reforma, que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, recibió cambios de último momento que introdujeron el PRI y el PAN en el dictamen para permitir que las empresas mineras que operan en el país –en su mayoría canadienses– puedan explotar el petróleo y gas, asociados a los yacimientos de carbón u otros minerales que formen parte de la concesión que se les haya asignado, consignó el diario La Reforma y reprodujo Página 12.
Los cambios al artículo 27 posibilitan la celebración de contratos de riesgo, incluidas concesiones con compañías petroleras internacionales, y los del artículo 28 eliminan el carácter estratégico a la refinación de petróleo, la producción de gas y la generación de electricidad. En el artículo 25 se crea un nuevo estatus para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que pasan de entidades paraestatales a “empresas productivas del Estado”.
Si la ley es aprobada tal cual salió del Senado, ambas empresas competirán por los contratos con las trasnacionales, y para ello deberán demostrar en un plazo de 90 días que cuentan con las capacidades técnicas y financieras y de ejecución necesarias para explotar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. Se estableció que a más tardar en dos años Pemex y CFE deberán reconvertirse en “empresas productivas del Estado”, cuyos titulares podrán ser libremente removidos por el presidente de la República.