El gobernador de Mendoza, Francisco Paco Pérez, camina cuesta arriba en su deseo por necesidad de solucionar la pérdida de miles de empleos en su provincia tras la salida de Vale del proyecto minero Potasio Río Colorado. En una reunión en la que confluyeron ayer diputados y senadores nacionales por Mendoza con parte del gabinete provincial, el gobernador planteó más dudas que certezas y dentro de las primeras habló del rediseño del proyecto. Pese a que no se sabe cuál es real alcance del término, en concreto, qué pasará con el plan que pretendía extraer 4,5 millones de toneladas anuales de potasio de Mendoza para exportarlas a Brasil vía Bahía Blanca, el gobernador reveló su intención de sumar empresarios nacionales y locales al plan, según reconstruyó el diputado radical Enrique Vaquié. Entre los hombres de negocios de la provincia, afloran el grupo Vila-Manzano, Enrique Pescarmona de Impsa, la constructora Cartellone y el empresario Omar Álvarez. En paralelo, el gobierno de Paco Pérez, avanza en el análisis de las vías legales de acción en función de la suspensión del proyecto por parte de Vale. La empresa, además, será convocada para el próximo martes 9 de abril a comparecer ante legisladores nacionales de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Relaciones Exteriores y Culto en el Senado. La pérdida de una inversión cuyos números finales proyectados alcanzaban los u$s 10.000 millones motivó la fuerte preocupación del gobernador, que intenta como medida de urgencia resolver la situación de los trabajadores antes de que caiga la conciliación obligatoria en vigencia, que podría extenderse hasta el 18 de abril, según consignó El Cronista. En un minucioso relevamiento presentado ayer por el gobernador Pérez, se detallan los nombres y domicilios de unos 4.000 trabajadores de contratistas comprometidos para el proyecto de Vale, de los cuales 2.500 pertenecen a la provincia y el resto son de otros 18 distritos. Además, están los trabajadores de otras empresas subcontratistas. Tras la reunión, no se descartaba un pedido de asistencia a la Nación para sostener los sueldos, una vez caída la conciliación obligatoria. La necesidad de dar una respuesta inmediata a la pérdida de empleos también motivó la convocatoria a la nueva reunión en el Senado, en la que no se descarta otro faltazo de los representantes de la empresa Vale, que no se presentó a la segunda audiencia celebrada en el Ministerio de Trabajo.
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