El debate por la minería está relanzado. El proyecto del gobierno de Rodolfo Suárez para modificar la ley 7.722 empieza a agitar los fantasmas acerca de la actividad. En el texto se menciona que ahora existe un plan de ordenamiento territorial y está concluido el inventario de glaciares. La pregunta es dónde se podrá hacer minería en la provincia. La realidad es que hay pocos lugares en los que avanzar con la actividad, por las restricciones vigentes.
Según el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, apenas cinco áreas podrían albergar la actividad, ubicadas en cinco departamentos: Malargüe, San Rafael, Luján, San Carlos y Las Heras. En estos dos últimos gobiernan intendentes oficialistas -Rolando Scanio y Daniel Orozco- que se han manifestado a favor de la 7722 y de los ambientalistas.
La más grande de esas zonas está al sur, en Malargüe, donde hay licencia social para la minería. Al norte, una franja que se extiende de Norte a Sur, al Este de lo que se conoce como “oasis Uspallata”, sería otra zona para la actividad. En esa franja está ubicado el proyecto San Jorge (oro).
Hacia el Este de la provincia, al menos por ahora, no hay noticias de que haya posibilidades de explotación. La zona con “vocación” minera es la montaña mendocina. Y ahí hay dos límites fuertes.
Vocación y potencial
“Toda la Cordillera de los Andes tiene vocación. Pero hay glaciares y áreas naturales protegidas en las que no se pueden hacer actividades extractivas, ni minería, ni petróleo”, dice el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance. Las áreas protegidas están reguladas por la ley provincial 6.045 y los glaciares por la nacional 26.639.
Si se mira el mapa de áreas protegidas y el inventario de glaciares juntos (ver infografía), podría asegurarse que en la alta montaña, desde San Rafael y hasta el extremo norte provincial, hay una sucesión de áreas naturales protegidas, más las zonas glaciares y periglaciares que conforman un corredor en el que está vedada la actividad minera.
De Norte a Sur, se encuentran los parques provinciales Aconcagua, Cordón del Plata, Tupungato, Manzano Histórico y las reservas Portillo de Piuquenes, Laguna del Diamante y Laguna del Atuel.
Más al Sur, en Malargüe y no sobre la cordillera, están las reservas Llancanelo y Payunia. Hay otras zonas protegidas, más pequeñas, como las reservas Divisadero Largo (en el pedemonte de la Ciudad de Mendoza), en Malargüe las de Castillos de Pincheira y Caverna de las Brujas, y Laguna La Salina en San Rafael. Hay que contar también, pero fuera del radar minero, las de Bosques Teltecas (Lavalle) y Ñacuñan (Santa Rosa).
Según el ex titular de la organización ambientalista Oikos, Eduardo Sosa, “hay un corredor grande de áreas protegidas. De respetarse la (ley) 6.045, no se podría hacer. Hacia el Norte hay unos espacios permitidos, de hecho el proyecto San Jorge queda fuera de cualquier área protegida, porque el gobierno no ha querido tratar el Parque Polvaredas-Uspallata”.
Entre las reservas las lagunas del Diamante y del Atuel hay una zona sin protección provincial, aunque hay glaciares. Ese hueco está ocupado por un antiguo emprendimiento minero, Sociedad Minera Argentina (Sominar), que cuenta con una estancia de 330 mil hectáreas, que prácticamente abarca toda la superficie entre ambas reservas. Hoy Sominar avanza en la creación de un área natural protegida privada, con el mismo estatus legal que la de Villavicencio.
Según Mingorance, ya tienen un convenio firmado y está al salir la resolución de Ambiente para formalizar la protección. Con esa resolución, prácticamente desde San Rafael hasta Las Heras, en la alta montaña mendocina, no se puede hacer minería.
Sí quedan, más hacia el Este, algunas zonas liberadas de protección legal. “Quizá algunos sitios entre San Carlos y San Rafael que han quedado fuera del esquema de áreas protegidas”, explica el ambientalista Sosa. Efectivamente, se trata de una zona en el sur de San Carlos y que se extiende como una lengua sobre San Rafael, que en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT) se denomina UIT-5B. Son las Unidades de Integración Territorial.
“En términos de ordenamiento territorial, está claro cuál es el mapa y cuál es la vocación del territorio y las restricciones en función de las leyes que la aplican: glaciares, áreas naturales protegidas” agrega Mingorance.
El PPOT divide la provincia en varias UIT, en las que se marcan directrices acerca de los posibles usos del suelo permitidos para cada una de ellas. Entre las áreas que permitirían a priori la explotación minera están la UIT 4A, que tiene dos zonas: una al norte, en los alrededores de Uspallata (ecosistema puneño), mordiendo un sector de Luján; y una franja de norte a sur que llega desde el límite de San Rafael con San Carlos hasta el noreste de Malargüe, que va de un ecosistema de monte a uno patagónico.
La UIT 3B, es la zona de la cordillera a la altura de Malargüe; la otra zona es la UIT 5B ya mencionada, que toca una parte de San Carlos, caracterizado por ecosistema patagónico.
Por último, con una fuerte limitación, se menciona la UIT 4C que abarca buena parte de la geografía malargüina hasta el límite con Neuquén (ecosistema patagónico), que coincide en parte con la reserva Payunia. Hoy se extrae petróleo y hay reservorios en formaciones de Vaca Muerta.
Los controles quedarían a cargo de Ambiente
En caso de que se aprobaran las modificaciones de la 7.722, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Ambiente. “Hasta ahora, la autorización para iniciar el proceso ambiental lo firman la Dirección de Minería y Ambiente. Con la sanción de las modificaciones, Minería promoverá la actividad y el control lo hará Ambiente”.
El procedimiento sería el mismo que hasta ahora. Una declaración de impacto ambiental, en la que opinan organismos sectoriales, y una audiencia pública. Lo único que no se hará es la votación en la Legislatura. Sí habrá resolución de la Secretaría de Ambiente autorizando la actividad.
Según Mingorance, hay otras limitaciones cuando opinan los organismos sectoriales. “Las cuencas inventariadas también constituyen una restricción. Irrigación puede limitar cualquier actividad, no sólo la minera, al aprobar, restringir o rechazar el uso del agua”.
La “guerra por el agua” y el derroche sin fin
“La minería es una actividad lícita. Queremos regularla para que se pueda hacer con los estándares ambientales que la provincia exige. Mendoza es la única que tiene Plan de Ordenamiento Territorial y la ley más exigente de evaluación de impacto ambiental”, dijo Humberto Mingorance.
El agua es uno de los planteos recurrentes para rechazar la actividad. “En Mendoza no estamos haciendo un uso racional del agua. Ni en la finca, ni en las casas. No nos duchamos en cinco minutos, incluso hay gente que calienta el baño con el vapor. Hace cien años que tenemos ley de aguas, la imagen es la del tomero levantando la compuerta y abriendo el surco con el azadón. Hoy la imagen es la misma”.
Los Andes le indica que hay una guerra por el agua. “Se ha planteado como una guerra por el agua. Pero cada uno tiene que asumir el cuidado del recurso”, responde.
Un sanjuanino puede ser aliado de Suárez en la Nación
Ayer asumió oficialmente el nuevo secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel. Su cartera estará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas.
Hensel era el ministro de Minería de la provincia de San Juan desde 2015 y llegó al gabinete de Alberto Fernández por sugerencia del gobernador Sergio Uñac.
Según trascendió, Hensel convocará a las provincias mineras a una reunión, entre ellas Mendoza. Según pudo saber Los Andes, ya ha estado en conversaciones con el subsecretario de Minería, Emilio Guiñazú. Y hasta podría llegar a nuestra provincia la semana próxima en señal de apoyo al proyecto del gobernador Rodolfo Suárez para reformar la Ley 7722 que le dé un impulso a la minería en nuestra provincia.
“La única manera de que se resuelva es que los radicales, los justicialistas y los conservadores de Mendoza entiendan que todos van a poder hacer su aporte y desprenderse de sus cuestiones ideológicas”, aseguró Hensel al diario Ámbito Financiero acerca del debate que se está dando aquí.
En la misma nota, el ex ministro sanjuanino declaró que buscará crear una agencia de inversiones mineras y señaló que hay que rediscutir la Ley de Glaciares. Sostuvo que esta normativa “genera mucha incertidumbre en el sector”.
Si bien afirmó que “no se puede hacer minería en los glaciares”, criticó que se trate de una legislación que se basa en “presupuestos máximos” ya que “prohíbe varias actividades en ambiente periglaciar”.
“Hay grandes extensiones de territorio en nuestra cordillera donde no hay glaciares, pero si puede ser considerado ambiente periglaciar entonces la pregunta es qué tenemos que proteger”, añadió.
Finalmente, habló de las retenciones al sector: dijo que “tienen que ser diferenciales” para “buscar un equilibrio”. Fuente: Los Andes