Esgrimen que el país ya registra la mayor carga tributaria en la región
La versión de que las modificaciones en el cobro del Impuesto a las Ganancias se financiarían, en parte, con mayores gravámenes mineros crispó los ánimos del segmento. Si bien la iniciativa fue descartada, el temor quedó instalado.
La intención del Gobierno nacional de subir el piso del Impuesto a las Ganancias puso los nervios de punta dentro de la industria minera, ya que en un primer momento se pensó en incrementar las retenciones a las exportaciones del sector para financiar la iniciativa. La opción fue finalmente descartada, pero reabrió el debate sobre la carga tributaria que pesa sobre la actividad.
El Estado gravará la renta financiera, hará lo propio con la comercialización de acciones que no cotizan en Bolsa e impondrá Ganancias a los sujetos del exterior que compran acciones de empresas argentinas (quienes hasta ahora estaban exentos). No obstante, los ingresos implicados en esas modificaciones no alcanzan a despejar ciertas dudas entre los empresarios mineros.
“Se calcula que con las nuevas tasas se recaudarán alrededor de $ 2.400 millones. Pero los cambios en el piso de Ganancias implicarán un costo fiscal de $ 4.500 millones. ¿De dónde surgirán los $ 2.100 millones necesarios para equilibrar las cuentas?”, pregunta en estricto off the record el CEO de una importante minera.
En ese sentido, el temor es que, más temprano que tarde, el Ejecutivo reflote la idea de aumentar las retenciones. “Desde el Gobierno se barajaron diez posibilidades para captar más fondos. La carpeta de las retenciones, que era una de ellas, quedó cajoneada hasta nuevo aviso. Pero nada garantiza que no vuelvan a la carga dentro de un tiempo”, añade el directivo.
Carga pesada
A decir de Manuel Benítez, presidente de la estatal YMAD, es falso que la minería local soporte una carga tributaria menor. “Hay mucha mitología sobre el tema. Lo cierto es que el segmento está obligado a tributar Ganancias, rentas provinciales, cargas sociales y gravámenes sobre las exportaciones. La única diferencia que puede haber con respecto a otras áreas es que, como la nuestra es una actividad de mucho riesgo, gozamos de un período de estabilidad fiscal durante el tiempo que duran los proyectos”, explica.
Horacio Gabriel, gerente de Relaciones Comunitarias de Minera Triton Argentina y presidente de la Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz), va aún más allá. “La carga impositiva total que afronta la minería argentina (entre un 45% y un 50%) es la más alta de Latinoamérica. Estamos hablando de porcentajes similares a los que se aplican en países líderes, como Australia y Canadá”, compara.
De todos modos, considera que el problema de fondo no son puntualmente los impuestos, sino la distribución de éstos entre la nación, las provincias y los municipios. “Además, nuevos cambios en las reglas de juego serían muy perjudiciales para aquellos emprendimientos que ya están operando, en especial si se considera que en algunos casos los costos han sufrido aumentos significativos. Y si bien los precios de los metales se han ido incrementando gradualmente en todo el mundo, los márgenes son cada vez más exiguos”, agrega.
Por su parte, Mariano Lamothe, gerente de Análisis Económico de la consultora Abeceb, considera que reducir la presión tributaria es –junto con garantizar la seguridad jurídica y tornar competitivos los costos de producción– uno de los tres grandes desafíos que tiene por delante la minería argentina. “Aquí se pagan más impuestos que en Chile y Perú, porque lo que se grava es el valor bruto de la producción y no los márgenes de ganancia”, advierte.
En el ojo de la tormenta
Si de polémicas sobre la carga impositiva en el sector se trata, Santa Cruz acaba de ubicarse en el ojo de la tormenta con la sanción de la Ley de Impuesto Inmobiliario Minero.
La flamante normativa puso en jaque a la junior Cerro Cazador, subsidiaria de Hunt Mining, que paralizó sus labores prospectivas. Luego Cerro Vanguardia anunció un ajuste presupuestario (pese a que AngloGold Ashanti autorizó reinvertir una parte de las utilidades para mantener sus objetivos de desarrollo) y, en tercera instancia, Goldcorp resolvió suspender sus exploraciones en Cerro Negro.
“La baja en las cotizaciones ha provocado que los capitales de los mercados internacionales sean escasos y nos obliguen a priorizar las inversiones de construcción. A ello se suma que el descubrimiento de más reservas sin estar aún en producción sólo aumentará la carga tributaria del emprendimiento, de acuerdo con la nueva ley”, explicó Eduardo García de las Longas, gerente de Sustentabilidad de Goldcorp Cerro Negro. ›|‹
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Antecedente judicial
No son pocas las mineras que creen que la eventual aplicación de un nuevo incremento impositivo terminaría dirimiéndose en la Justicia. “Llegado el caso, estaríamos dispuestos a judicializar el tema”, indicó un ejecutivo.
En ese sentido, vale recordar que a fines del año pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Salta hizo lugar a un amparo promovido por Minera del Altiplano y declaró inaplicables las notas 130/07 de la Secretaría de Minería y 288/07 de la Secretaría de Comercio Interior, en relación con el proyecto minero Fénix, situado en suelo salteño. “La Cámara consideró que la firma se hallaba amparada por el beneficio de la estabilidad fiscal regulado en el artículo 8 de la Ley 24.196”, precisó Omar Díaz, director de Impuestos de KPMG en la Argentina.
La Ley de Promoción de Inversiones en la actividad minera prevé beneficios fiscales para quienes adhieren a este régimen, entre los cuales se encuentra la estabilidad fiscal por el término de 30 años (artículo 8 de la Ley 24.196). “Aunque la decisión de la Cámara trata en particular el caso de los derechos de exportación, sirve como antecedente para analizar la aplicación del régimen de estabilidad fiscal en el resto de los tributos”, completó el especialista.