Se trata del Impuesto Inmobiliario Minero, que gravó el 1% de las reservas minables de las empresas, y fue duramente cuestionado por la industria metalífera. Aspiran a que el máximo tribunal decrete la inconstitucionalidad de la medida.
Los productores metalíferos de Santa Cruz dieron el paso que anticipaban desde mediados de año, cuando la gobernación de Daniel Peralta logró que la Legislatura avale la creación del Impuesto Inmobiliario Minero, que gravó el 1% de las reservas minables de las empresas.
Según confirmaron a El Inversor Energético & Minero dos encumbrados directivos del sector, al menos dos compañías elevaron un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar el cobro del tributo por considerarlo violatorio de la Ley de Inversiones Mineras, sancionada a principios de los 90, que otorgó estabilidad fiscal por 30 años a las empresas extractoras de metales.
“Nos presentamos ante la Corte para pedir que se declare competente y resuelva la inconstitucionalidad del Impuesto Inmobiliario. Nosotros estamos convencidos de que su creación atenta contra el andamiaje regulatorio vigente”, expresó a este medio un ejecutivo minero, que pidió confidencialidad.
Las mineras afectadas por la aplicación del Impuesto Inmobiliario en Santa Cruz –sin antecedentes a nivel local e internacional– son, como productoras activas de minerales, Cerro Vanguardia, controlada por la sudafricana AngloGold Ashanti, Minera Triton, de Pan American Silver; y Minera Santa Cruz, que responde a la peruana Hochschild y la canadiense Minera Andes.
En tanto que el tributo también alcanzó a Goldcorp, que está terminando de construir la mina de oro Cerro Negro, cuya inauguración está prevista para abril próximo; y Minera IRL, que empezará en 2014 a instalar una pequeña mina de oro llamada Don Nicolás, en el Macizo del Deseado.
Inconstitucionalidad
Las empresas también prevén avanzar con una presentación ante la Justicia provincial, pero por cuestiones menores de índole administrativa. La gran apuesta es que el tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti se declare competente y falle a favor de las mineras. “Como el impuesto nos afecta de manera diferente, cada empresa se presentó ante la Corte en carácter individual”, aclaró otro empresario.
Según la administración patagónica, a partir del Impuesto Inmobiliario la intención es recaudar $150 millones anuales para el Tesoro provincial. Las mineras sostienen que si el tributo entrara en operación efectiva la recaudación sería mucho mayor.
Peralta sostiene que la Casa Rosada debe realizar una mejor distribución de la renta obtenida por la actividad. “En el período 2007-2012 la totalidad de las mineras establecidas en la provincia pagó $ 2.070,82 millones en impuestos, de los cuales $ 1.860,32 millones fueron facturados por el Gobierno nacional. Santa Cruz sólo recaudó un 10% del total
($ 210.500.875)”, expuso el gobernador el mes pasado.
Con todo, las empresas no descartan una solución negociada del conflicto. Afirman que hay funcionarios de la gobernación interesados en abrir un canal de diálogo para resolver el diferendo de manera consensuada. “A fines del año pasado hubo algunas comunicaciones, pero no pasaron a mayores. Quizás en enero se retome el diálogo”, precisó el gerente general de una de las empresas afectadas. ›|‹