Ministra de Minería de Catamarca defendió la reforma del Código de Procedimientos

La ministra de Minería, Fernanda Ávila, defendió el proyecto de reforma del Código de Procedimientos Mineros que fue redactado por la Provincia y remitido a la Legislatura para su análisis.

En diálogo con Radio Ancasti, la funcionaria resaltó que el Código de Procedimientos actual es del año 1967 y que desde esa fecha a la actualidad “la minería sufrió muchos cambios que hacen necesario modificar la norma”.

“Existen muchos avances científicos y tecnológicos que el nuevo código los contempla,además de que busca que los procedimientos sean más ágiles, introduciendo la digitalización de los expedientes que generará eficacia, transparencia y rapidez”, añadió.

Posteriormente, la funcionaria se refirió a la polémica que generó el pase de la autoridad minera del Juzgado de Minas al Ministerio de Minería. “La competencia concedente antes estaba en cabeza del juez y ahora quien va a conceder, denegar y declarar los derechos mineros será la autoridad administrativa”, ratificó Ávila, a lo que agregó que este cambio se realiza “en consonancia con cómo se vienen trabajando hace muchos años en varias provincias mineras”.

De igual forma, aclaró que en el caso de Catamarca “la autoridad minera será mixta”.

“Agregamos una instancia recursiva porque habrá una primera revisión. Cualquier resolución de la autoridad administrativa será revisada por el juez, sin perjuicio de las vías recursivas de la Cámara y la Corte. Esto es fundamental para garantizar la seguridad jurídica”, añadió.

La funcionaria indicó que la separación de las funciones que actualmente tiene el Código local (Ministerio por un lado y Juzgado por otro), “quizá sirvió en su momento” pero que en la época actual “genera muchas dilaciones porque gran parte de las funciones las hace la administración, pero al estar disociado se entorpeció el control”.
“Lo que se busca es darle cierta agilidad a través de este cambio”, consideró.

Por otra parte, la funcionaria explicó otra de las grandes novedades que presenta el proyecto, que está vinculada a la prioridad que tendrá CAMYEN para reclamar las zonas mineras. «Las concesiones mineras son para ser trabajadas y eso es fundamental. Si no existe ese trabajo, las condiciones de amparo que protegen a las minas deberían caer y eso hasta ahora no ha pasado», dijo.

«Creemos que es fundamental desde el Ejecutivo teniendo en cuenta que la minería es una política de Estado para que haya inversiones reales», agregó.

La funcionaria afirmó que la idea de darle preferencia a CAMYEN no es algo nuevo. «Esto también está previsto en el Código Minero de la Nación, donde las empresas del Estado se encuentran facultadas para realizar investigaciones geológicas o establecer zonas exclusivas de interés especial ya que son la forma de conocer las riquezas del territorio, teniendo en cuenta que la Provincia es la dueña de los recursos», sostuvo.

«Lo que se busca con esta incorporación es potenciar a CAMYEN, ponerla en el centro de la escena como corresponde y poner en valor los recursos mineros de la provincia. De esta forma la Provincia no solo participará a través de las regalías sino activamente mediante utilidades y otros beneficios», agregó.
Finalmente y en cuanto a cómo cree que será el análisis del proyecto por parte de los legisladores, se mostró confiada en que se convocará a todos los sectores involucrados en el tema para que defiendan sus opiniones. «Seguramente se llamará a todos los actores. Nosotros trabajamos con el Colegio de Geólogos, la Cámara Minera, la Universidad, entre otros. Intentamos introducir la mayoría de las modificaciones que nos parecieron muy acertadas», destacó.
En cuanto a la posición que tomaron las empresas mineras sobre el proyecto de reforma, resaltó que las firmas «fueron muy receptivas».

«El cambio de autoridad generó un poco de ruido por una cuestión lógica de cambio. Es un cambio grande y todo cambio genera resistencia», dijo.
Sin embargo, afirmó que «las empresas grandes no les ha resultado que sea un problema y que vaya a generar un impacto negativo en las inversiones».
«Esto nos deja muy tranquilos porque no hay antecedente de que se tenga en cuenta esta situación al momento de hacer inversiones», cerró. Fuente: El Ancasti.