La Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), que depende del Ministerio de Defensa de la Nación, resolvió dar por terminada la concesión del complejo de Minas Capillitas (Andalgalá) a la empresa Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN SE). Es decir, se ejecutará el contrato original de dos años (2015-2017) que concluye el próximo 28 de mayo. Esto a partir de que se declaró la «nulidad” del convenio suscripto en septiembre de 2015 entre el Gobierno de Catamarca y el entonces ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, cuando se firmó la extensión por 10 años para que la CAMYEN continuará con la explotación del yacimiento de rodocrosita.
A partir de la revisión del contrato de concesión, por parte de las nuevas autoridades de la DGFM que asumieron con la gestión del presidente Mauricio Macri, se habrían detectado diversas irregularidades por ausencias de firmas que determinaran la legalidad de la prórroga -por una década más- por la extracción y comercialización de la rodocrosita. Y más llamativo aún resultó que, a tan solo un par de meses de haberse prorrogado la concesión hasta mayo de 2017, la CAMYEN resultara nuevamente beneficiada por una extensión hasta 2025.
A esto hay que sumar también la denuncia penal que realizó el secretario de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa del Gobierno Nacional, Héctor Lostri, quien también detenta el cargo de interventor de la Dirección de Fabricaciones Militares, contra el ex funcionario Santiago Rodríguez por el supuesto vaciamiento del yacimiento de Minas Capillitas. La presentación del funcionario da cuenta de gravísimas irregularidades que también comprometen a CAMYEN. Y hasta se sospecha que la empresa favoreció el tráfico ilegal de la piedra.
A mediados del mes en curso, diputados que integran la comisión de Minería en la Cámara baja se reunieron con el ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez. En la reunión se informó sobre la denuncia penal contra la CAMYEN.