Odebrecht exige una compensación de US$ 203 millones

De un día para el otro, tras haber confesado haber pagado coimas en el país por US$ 35 millones, Odebrecht se transformó en el peor alumno en el mundo de la obra pública. Ante la evidencia incuestionable de su propia confesión, la empresa ofreció al Gobierno argentino reparar el daño causado pagándole el equivalente de lo que había desembolsado en sobornos. Sin embargo, paradójicamente, en paralelo, también comenzó a reclamarle al Estado un resarcimiento por los contratos rescindidos. Sólo por las obras de ampliación de los gasoductos del norte y sur, Odebrecht está exigiéndole ahora al Estado un resarcimiento de US$ 202,6 millones, casi seis veces más de lo que pretende pagar en daños por corrupción.
De los tres grandes contratos de los que Odebrecht participa y que el Estado tiene bajo la lupa, el de la ampliación de los gasoductos es el único que por ahora se dio de baja. Tanto la Auditoría General de la Nación (AGN) como la Sindicatura General de la Nación (Sigen) habían advertido en 2012 y 2014 por posibles sobreprecios y anomalías en las obras de ampliación de los gasoductos troncales. Pero fue recién en octubre pasado, que el Ministerio de Energía le dio la orden a Nación Fideicomisos, comitente delegado, que terminara con el contrato. Nación Fideicomisos incluso radicó una denuncia penal por presuntos sobreprecios de hasta el 400 por ciento.
Pero la ley tiene sus vericuetos, y no siempre corre del lado de la ética. La cuestionada Odebrecht ahora pide una compensación por las obras que no pudo terminar. La compañía está exigiéndole al Estado un resarcimiento de $ 939 millones y US$ 123 millones por la rescisión de la obra que estaba bajo la órbita de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA); y $ 148 millones y US$ 13 millones más, por la que había ganado Albanesi. Las cifras surgen del cálculo que presentó la empresa por los bienes y servicios contratados -como maquinaria-, el lucro cesante por no haber podido llevar adelante la planta compresora de gas de Pichanal, en Salta, además de costos estimados por la rescisión y «otros» items, que surgirían de la redeterminación de precios.
En Nación Fideicomisos, no obstante, sólo le reconocerían a la constructora los costos de los bienes y servicios, además del lucro cesante por la paralización de las obras. Pero previamente le demandaron que un tercero certifique que en ambos casos no existieron sobreprecios. Odebrecht contrató para ello a la consultora KPMG, quien aún debe entregar su informe.
Consultadas al respecto, fuentes cercanas a la constructora, desestimaron que hubiera irregularidades.»No hubo sobreprecios y se puede observar que los precios promedio de las obras realizadas están alineados con los precios internacionales y son inferiores a valores de otros contratos de alcances similares realizados en Argentina», afirmaron. Y además, defendieron el reclamo pecuniario. «Teniendo en cuenta que, a raíz de la terminación de los contratos en cuestión, Odebrecht ha procurado seguir los pasos contractuales a los fines de su terminación y que el comitente delegado, Nación Fideicomisos, no ha cumplido hasta la fecha con acción alguna para que esto se lleve a cabo, es que por decisión de Odebrecht y a los fines de facilitar un cierre claro y transparente de los mismos, procedió a su propio costo la contratación de una consultoría independiente y de renombre mundial a los fines de ir evaluando parcialmente los temas contractuales pendientes para el cierre mencionado y llegar a un justo balance de los mismos», agregaron. En Nación Fideicomisos, en tanto, optaron por no hacer declaraciones.
Pero los representantes legales de la constructora brasileña no sólo le plantearon a Nación Fideicomisos un pedido de resarcimiento, también le hicieron llegar al Gobierno posibles cifras en caso de que el Estado argentino decidiera avanzar en la suspensión de los otros dos grandes contratos que tiene la empresa: las obras de la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas y el soterramiento del tren Sarmiento. Se habla de $ 1100 millones y US$ 7,5 millones, respectivamente.
Aunque existe la intención de revisar todas las operaciones de obra pública de la constructora, en el Gobierno saben que no pueden declarar la nulidad de los otros contratos de Odebrecht de forma intempestiva, sin sufrir luego posibles reclamos adicionales. En el caso de las obras de ampliación de los gasoductos existían después de todo informes de la AGN y de la Sigen que respaldaron el accionar oficial.
Por eso es que, en los próximos días, el Gobierno anunciará la creación de una comisión tripartita, encabezada por el Ministerio de Transporte, y secundada por la Sigen y al Procuración del Tesoro para revisar cada uno de los contratos de Odebrecht.
«Aun en el caso de que se concrete la venta de la participación de Odebrecht a la italiana Ghella en el soterramiento del Sarmiento, no se extingue la responsabilidad civil y penal de la compañía», explicaron fuentes del Gobierno al tanto de tema.
En el Gobierno quieren evitar que, con Odebrecht, suceda lo mismo que sucedió con la alemana Siemens, quien también confesó ante la SEC (Comisión de Valores de los EE.UU.) haber pagado coimas para obtener el contrato de los DNI, y proveyó poca información finalmente a la justicia y al Estado Argentino, a quién además había demandado previamente ante el CIADI (el tribunal arbitral del Banco Mundial) por daños y perjuicios por más de US$ 500 millones por la rescisión del contrato en 2001. Casualmente, el estudio jurídico Bomchil liderado por Guido Tawil – que defendía los intereses de Siemens ante el CIADI- es el mismo que hoy está negociando ante el Gobierno argentino en nombre de Odebrecht. También la auditora KPMG, ahora contratada ahora por Odebrecht, fue quien había avalado los balances de Siemens Argentina donde se habían escondido los pagos de los sobornos.
La Inspección General de Justicia ya ha intimado a Odebrecht para que presente sus balances 2015 y 2016. Seguramente le corresponda a la justicia revisar balances previos para ver si efectivamente se utilizó a alguna de las sociedades de Odebrecht en Argentina para canalizar sobornos.