El futuro de la minería en Argentina depende de la capacidad del Gobierno para implementar políticas efectivas y sostenibles que promuevan el desarrollo del sector y garanticen los beneficios para toda la población.
El Gobierno argentino busca impulsar la minería mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria para atraer capitales. Once proyectos fueron presentados al RIGI, con dos aprobados y una inversión comprometida superior a USD 15.000 millones. Seis de estos proyectos son mineros, enfocados en litio y oro, con inversiones estimadas en USD 4.700 millones.
El litio es clave para el crecimiento exportador, generando USD 645 millones en 2024, y se proyecta que las exportaciones mineras totales superen los USD 25.000 millones hacia 2035. El cobre es la gran apuesta a futuro, con proyectos como MARA y El Pachón, impulsados por Glencore y BHP. Sin embargo, el régimen vigente no contempla herramientas para promover nuevas campañas exploratorias en minas en producción, lo que pone en riesgo el principal sostén actual de las divisas mineras.
La falta de planificación en infraestructura es otro punto crítico. El Ministerio de Economía reconoce que muchos proyectos mineros no podrán avanzar sin obras estructurales de alto impacto en materia vial, energética y ferroviaria. Aunque se menciona un relevamiento publicado y expresiones de interés de organismos internacionales, no hay definiciones concretas ni plazos para obras clave.
El RIGI exige un “Plan de Desarrollo de Proveedores Locales” con al menos un 20% de contratación nacional, pero no detalla cómo se fiscalizará su cumplimiento ni qué herramientas se pondrán a disposición de las PyMEs regionales. La Cámara Argentina de Empresas Mineras propuso un “RIGI ampliado” que incluya incentivos para empresas que impulsen exploración, especialmente en el segmento aurífero donde la renovación de reservas es urgente.