El miércoles pasado, en un salón relacionado con actos peronistas de campaña, la industria minera mendocina realizó un encuentro para debatir el presente y el futuro del sector. A él asistieron varios importantes dirigentes del oficialismo mendocino, quienes con encendidos discursos, pidieron que se debate y modifique la ley provincial 7.722, llamada antiminera, que prohíbe la explotación metalífera. Según LPO, el dato es llamativo teniendo en cuenta la resistencia del gobernador Paco Pérez a abrir una discusión que se transformará inmediatamente en duros cuestionamientos y movilizaciones de las organizaciones ambientalistas locales. Asimismo, para Pérez, a quien le queda poco más de un año de gestión, le molesta y mucho la postura de sus compañeros de partido. Es que fue él quien, como candidato a gobernador, pidió la aprobación de la ley. Alejandro Abraham y Dante González, diputados nacionales peronistas, además de varios legisladores provinciales e intendentes, fueron de la partida en el encuentro de la industria, y todos hablaron. Con mayor o menor énfasis, se quejaron ante los mineros porque Mendoza “está desaprovechando una oportunidad única de desarrollarse”. Abraham fue el más vehemente, al afirmar directamente que la ley 7.722 “no sólo prohíbe el desarrollo de la minería metalífera, también frena el desarrollo de Mendoza y la cración de miles de empleos”. Según datos de la cámara minera local, en el mediano plazo se podrían crear 10.000 puestos de trabajo en la provincia si se eliminara la ley 7.722, y se podrían ejecutar inversiones en el corto plazo por más de 200 millones de dólares.