Con el Acuerdo Federal Minero Nacional a pasos de concretarse, el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, se refirió acerca de lo que significará para la provincia de Mendoza este pacto que busca remplazar el antiguo tratado que data de los años ’90 para el desarrollo de la minería.
«El nuevo pacto apunta a mejorar y unificar estándares especialmente en temas ambientales y sociales, y de ninguna manera va a afectar las legislaciones provinciales, ni promueve en el caso de Mendoza que se modifique la Ley 7.722 sino que, por el contrario, le otorga total libertad a las provincias para que determinen que tipo de minería desarrollar, cómo y cuándo hacerla», explicó Guiñazú.
En lo que respecta a las regalías, el funcionario explicó que el Acuerdo prevé la modificación del cálculo del valor «boca mina» (el mineral extraído previo a cualquier proceso de transformación), al precio del mineral vendido, lo que se traduce en un incremento del 100% en el monto que reciben las provincias por explotación.
Asimismo, se creará un fideicomiso alimentado con el 1,5% de la facturación de las empresas destinada al desarrollo de la infraestructura local, tales como caminos, generación eléctrica y lo necesario para el desarrollo de la actividad y la integración con las comunidades. «Este pacto está enfocado en que la minería se integre armónicamente y potencie el crecimiento de las comunidades donde están insertas, de modo tal que una vez que se finalice la actividad minera las localidades cuenten con los recursos para continuar desarrollándose», afirmó el subsecretario.
Por otro lado, Guiñazú aclaró que el pacto busca evitar que el producto de la renta minera se malgaste en gastos corrientes, sino que se destine a inversiones productivas que mejoren la infraestructura, y agregó «entendemos que es necesaria una estructura que nos deje como provincia algunas herramientas de trabajo para balancear entre la promoción y protección del empleo, el cuidado del ambiente y comunidades, y la adecuada distribución de la renta minera. Esto se logra a través de una estructura progresiva que aumenten los ingresos del Estado en la medida que se incrementan las ganancias de las empresas, y que también promueva la inversión en temas ambientales y sociales sin quitarle posibilidades a los proyectos en los diferentes ciclos de precio y costo».