Para algunas familias, la importación de gas representa más de la mitad de la factura

A pesar de que los gobiernos kirchneristas hicieron de la defensa del congelamiento tarifario una bandera política y retórica, las facturas de gas de miles de familias de Capital Federal y el conurbano bonaerense sufrieron importantes aumentos en los últimos meses. La suba no se explica por el reacomodamiento de los valores que reciben las distribuidoras -que se mantienen prácticamente invariantes desde 2002-, sino que responde a la aplicación del cargo para financiar la creciente importación del fluido. En varios hogares, el costo de ese gravamen -creado por el Decreto 2067/2008 del Poder Ejecutivo- representa más de la mitad de la boleta de gas. Es el caso, por ejemplo, de Norma, una vecina de Castelar, que por el costo del gas importado debió pagar el mes pasado $ 383,05, un 62,7% del total de su factura, que ascendió a $ 610,73, según consta en la boleta emitida por Gas Natural Fenosa que venció el 25 de marzo. Para evitar que el valor de la importación de gas se concentrara -en forma de monumentales incrementos- durante los meses del invierno, cuando la demanda residencial se dispara por el uso de equipos de calefacción, el Gobierno tomó la decisión de repartir esa suba en las seis períodos de facturación aplicados por las distribuidoras (los cobros son bimestrales). Por eso, aunque en el período facturado sólo consumió 117 metros cúbicos (m3) del fluido, la boleta de Gas Natural Fenosa que recibió Norma aclara que el costo de importación de gas está calculado sobre un consumo anual de 2445 m3/año (la referencia son las estadísticas de 2012). Una situación similar atravesó Sergio, padre de una familia tipo que vive en un barrio cerrado en Pilar. Su última factura de gas superó los $ 740, de los cuales cerca de $ 400 correspondieron al costo del gas importado. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, Sergio presentó un reclamo ante la distribuidora para diferir el pago del cargo, según lo permitido por la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo (CNACAF), avalado por la nota 11821/09 del Enargas, el ente regulador del sector, que autorizó a los usuarios a prorrogar la efectivización de los cobros hasta que la Corte Suprema de Justicia falle sobre la constitucionalidad del Decreto 2067/08.