Según cálculos del Enargas
En el marco de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del sistema de gasoductos, el ente regulador está rankeando proyectos para iniciar la ampliación de la red de transporte.
El congelamiento de las tarifas de gas y electricidad durante los Gobiernos kirchneristas generó un enorme atraso en materia de inversiones en el área de infraestructura. En el marco de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del sector gasífero, el Enargas le puso número a los desembolsos que se precisan para regularizar el funcionamiento del sistema de transporte del fluido. Hacen falta, según cálculos del ente regulador, cerca de u$s 40.000 millones en los próximos cinco años para optimizar el sistema.
“Sabemos que es inviable cubrir esa inversión con lo que se recauda vía tarifas a los usuarios. Por eso estamos haciendo un ranking de proyectos para definir cuáles son los más urgentes y prioritarios”, indicó a El Inversor Energético & Minero un directivo del ente regulador.
Según los números oficiales, en total hay 140.500 potenciales clientes de gas que hoy no cuentan con el servicio por obras que se prometieron. Son unas 562.000 personas. Uno de los casos más emblemáticos está en el Sur. En 2013, el Gobierno de Cristina Kirchner anunció la ampliación de la capacidad de transporte de gas del sistema Cordillerano-Patagónico, que iba a permitir conectar a la red a 3.000 nuevos clientes (unas 12.000 personas) y debía estar finalizada antes del invierno de 2014. Aún no fue terminada.
Según información oficial, dos de las cuatro etapas en que se hizo la licitación están inconclusas y paralizadas. En ambos casos, la contratista es Vertúa, la empresa que cobró sumas millonarias por el Gasoducto del Nordeste para hacer obras aún inconclusas. Fuentes del mercado sostienen que, a diferencia de esa iniciativa, en el caso patagónico el Gobierno no quiso readecuar el precio del proyecto tras la devaluación de 2014.
La situación actual es compleja. La distribuidora Camuzzi garantiza el suministro para los usuarios que hoy cuentan con el servicio, pero es casi imposible acceder a él para un cliente nuevo. En términos formales, la empresa requiere a los interesados en conectarse a la red la realización de las obras complementarias sobre el sistema. El pedido es casi una quimera que puede implicar desde la obligación de hacer 50 metros de gasoducto hasta hacer una obra en otra provincia.
Obras
En agosto de 2015, el Gobierno amplió la obra para que abasteciera a 10.000 nuevos usuarios, con una inversión de $ 1.000 millones, pero nunca se licitó. La administración de Vertúa decidió terminarla. Abastecería a 22.000 clientes y costará $ 1.700 millones.
El denominado gasoducto lechero, en la cuenca tambera de Santa Fe, es otra de las grandes obras paralizadas en el sector gasífero. Formaba parte del Plan Más Cerca, Mejor País, Más Patria, que manejaba el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, pero nunca se formalizó el convenio para avanzar con el proyecto.
El nuevo Gobierno decidió empezar de cero. Según la información que presentó ante el Congreso el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la gestión macrista actualizará el proyecto y definirá un nuevo esquema de licitación, ejecución y supervisión del proyecto.
El Gobierno también tiene decidido avanzar en la obra, que costará $ 1.300 millones y llegará a 34.000 usuarios. Asimismo, tiene previsto hacer los gasoductos de la Costa y Tandil-Mar del Plata, un trazado de 51 kilómetros que llevaría el gas a 84.500 nuevos usuarios.
Una historia similar se repitió en Córdoba, donde el Ministerio de Planificación se resistía a encarar una obra para la provincia que manejaba el peronista opositor Juan Manuel de la Sota, que logró un crédito internacional, pero no consiguió el visto bueno del Banco Central. ›|‹