Peleas, negocios y proselitismo tras la nueva ley petrolera

Gobernadores díscolos, encabezados por Sapag, resisten la iniciativa oficial

El proyecto de la Casa Rosada limita el margen de maniobra de las provincias para quedarse con la renta petrolera, pero favorece la inversión. Fuerte negativa de Neuquén, en vísperas de las elecciones.

Por Nicolás Gandini

Preocupado por la escalada del conflicto político en torno a la nueva Ley de Hidrocarburos que impulsa el Gobierno, Martín Buzzi, mandatario de Chubut, intentó una última jugada para descomprimir la tensión con la Casa Rosada. Las principales gobernaciones petroleras –a ese grupo hay que agregar a Neuquén y a Mendoza– se oponen a la sanción de la norma que propuso la Casa Rosada. Interpretan que avanza sobre las potestades de las provincias sobre el negocio hidrocarburífero. Por eso, la tarde del 22 de julio, Buzzi le acercó a Carlos Zannini, secretario legal y técnico de la Presidencia, una alternativa para bajarle los decibeles a la disputa.
La propuesta, consensuada con el neuquino Jorge Sapag, desplegaba dos pinzas. Por un lado, ofrecía a la Casa Rosada reencauzar la negociación entre Gas y Petróleo, la petrolera neuquina, e YPF por el control de las áreas de Vaca Muerta, el punto de partida del conflicto entre las partes. A cambio, pedían postergar el tratamiento del proyecto de ley redactado por el propio Zannini sobre la base de un texto madre escrito por técnicos de YPF e inspirado por Miguel Galuccio, titular de la estatal. Por el otro, Buzzi ofreció incluir en la mesa de discusión de la ley el pago del 25% de las acciones que las 10 provincias de la OFEPHI –la entidad que nuclea a los estados productores de hidrocarburos– heredaron de YPF en la reestatización de mayo de 2012. La capitalización de esa participación en la petrolera que preside Galuccio aún no fue integrada.
Sin embargo, el secretario legal y técnico de la Presidencia, uno de los colaboradores más cercanos de Cristina Fernández de Kirchner, descartó de plano la posibilidad. “Las decisiones de la Presidenta se escuchan, no se cuestionan”, le recordaría horas más tarde de ese mismo martes a Sapag en una comunicación telefónica que terminó de crispar los ánimos entre Nación y las provincias. El enojo de Zannini no alcanzó para amedrentar a Sapag, quien hace una cuenta sencilla. Por acompañar el acuerdo entre YPF y Chevron, perdió las elecciones legislativas del año pasado a manos del sindicalista Guillermo Pereyra. Ahora, la crítica a la ley petrolera le devolvió varios puntos en su imagen, en las vísperas del cambio de timón en la conducción del Movimiento Popular Neuquino. Hasta ahora, los votos fueron más fuertes que “las decisiones de la Presidenta”.
Después de ese duro cruce, las posiciones en torno a la ley petrolera se radicalizaron. En líneas generales, el proyecto oficial limita el margen de maniobra de las provincias –titulares de los recursos hidrocarburíferos a partir de la Ley Corta, sancionada en 2006– para participar de la renta que genera el sector.

Puntos encontrados

En los últimos años, las gobernaciones –con Neuquén a la cabeza– establecieron un mecanismo de acarreo (carry) para conservar un porcentaje de las áreas petroleras sin invertir dinero durante la etapa exploratoria.
Para la Casa Rosada –que replica la postura de YPF–, esa estrategia atenta contra la rentabilidad de los proyectos no convencionales en Vaca Muerta –la formación de roca madre de hidrocarburos de la cuenca Neuquina–, porque disminuye la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la inversión. Por eso, el documento redactado por Zannini elimina esa posibilidad.
Al mismo tiempo, instituye ciertos artículos que otorgan una serie de derechos a las petroleras –entre las que figuran YPF, Pan American Energy (PAE), Total, Pluspetrol, Sinopec, Petrobras y Chevron– para prorrogar por 10 años más sus concesionarios actuales de explotación y solicitar concesiones no convencionales en las áreas donde comprometan inversión para extraer shale oil y shale gas. Los referentes de la OFEPHI cuestionan el desequilibrio entre la cesión de derechos y los beneficios que las provincias recibirán a cambio (Ver cuadro página 3).

Desdibujado

Con ese mar de fondo, al cierre de esta edición, entre Neuquén –el mayor afectado por el proyecto oficial– y el Gobierno existía una brecha cada vez más profunda. Si en un principio la idea del Gobierno era firmar un pacto federal con las provincias petroleras que sirva de antesala para presentar en conjunto una ley convenio en el Congreso, a fin de facilitar su aprobación en ambas cámaras, a fines de julio la Casa Rosada barajaba la chance de ingresarlo directamente como un proyecto del Ejecutivo.
Sería, según coinciden en la industria, una estrategia que desvirtuaría de plano el objetivo que dio origen a la iniciativa oficial. A saber: lograr un reordenamiento a nivel nacional del marco regulatorio del sector en función de las potestades de Nación y las provincias, que incluya también un régimen de promoción a la inversión, en especial la enfocada en la producción de los campos no convencionales de Vaca Muerta.
Si la iniciativa no alcanza un consenso previo a su presentación en el Poder Legislativo –a esta altura, algo que parece complicado–, lo más probable es que la pelea se traslade a la Justicia. Es más, en Neuquén ya dejaron entrever que si el Congreso aprueba la norma que impulsa el Gobierno presentarán un planteo de inconstitucionalidad en la Corte Suprema para frenar su implementación. Todo lo contrario a lo que aspiraba el Gobierno, que apunta a que la reforma regulatoria gatille la llegada de capitales que oxigenen las reservas de divisas del BCRA en el último año de mandato. ›|‹

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Principales contrapuntos

El Inversor Energético & Minero tuvo acceso a los principales lineamientos de la respuesta remitida por las provincias, que critica de forma taxativa el corazón de la iniciativa avalada por el Gobierno e YPF. Los principales contrapuntos son los siguientes:

• El borrador de la Casa Rosada prevé que los concesionarios actuales que ya renegociaron por 10 años sus bloques (período de explotación de 25 años más una prórroga de 10) tendrán derecho –en caso de haber cumplido con el plan de inversiones asumido– a solicitar una nueva extensión por otros 10 años. La contrapropuesta de Buzzi y Sapag no niega esa posibilidad, pero la supedita al pago de un canon de reingreso al área pagadero por única vez. Su valor se determinaría de manera proporcional con las reservas probadas (P1) y probables (P2) remanentes en cada concesión. Es la metodología que utilizaron la mayoría de las provincias petroleras (Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Mendoza) para renegociar las áreas que vencían en 2016/2017. Neuquén, por caso, recaudó cerca de u$s 700 millones cuando prorrogó la mayoría de sus concesiones petroleras en 2008/2009.

• El texto redactado por el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, contempla el pago de regalías adicionales del 3% para las compañías que soliciten una nueva prórroga por 10 años de sus yacimientos. Las provincias quieren que esa alícuota pueda trepar, en algunos casos, hasta el 4%.

• El proyecto oficial establece que las petroleras deberán destinar un 0,5% de sus ingresos a actividades de RSE (Responsabilidad Social Empresaria) y un 1% a obras de infraestructura. La contrapropuesta de los gobernadores patagónicos prevé –desde una óptica más laxa– que las provincias puedan solicitar, por su cuenta, financiamiento puntual para obras de infraestructura en las zonas de influencia donde se encuentren los reservorios.

• El borrador impulsado por el Gobierno propone la homogenización, a nivel nacional, de los pliegos licitatorios de áreas petroleras. A lo que se aspira es a lograr un modelo único y común aplicable en todas las provincias, dado que en la actualidad existen divergencias entre estados que atentan contra la previsibilidad del marco regulatorio. Sobre este punto, los gobernadores petroleros sostienen que ese modelo debe ser discutido en el seno de la OFEPHI y no por la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas, el organismo creado en 2012 por iniciativa del ministro de Economía, Axel Kicillof, tal como prevé el texto oficial.

• El documento redactado por Zannini elimina la posibilidad de que las gobernaciones reserven para sus petroleras provinciales áreas petroleras. El tándem Buzzi/Sapag respondió que el artículo no tiene sustento legal porque va en contra de algunas constituciones provinciales (como la de Neuquén) y además atenta contra una concepción estratégica que ubica el control del recurso hidrocarburífero en manos del poder público y no del privado.

• El texto oficial prohíbe la inclusión de un acarreo (carry) –modalidad elegida por los gobernadores para conservar una participación minoritaria de los yacimientos sin que eso implique invertir dinero– a favor de las petroleras provinciales (Gas y Petróleo del Neuquén, Petrominera Chubut y Emesa Mendoza, entre otras) en la licitación de bloques de exploración. Las provincias interpretan que, al no poder recurrir a ese mecanismo, la captación provincial sobre la renta petrolera se verá seriamente afectada. Por lo que reclaman alternativas –podría ser un canon de ingreso a los bloques– que compensen esos ingresos para las arcas provinciales.

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Grietas en la OFEPHI

Si bien en un primer momento las provincias petroleras actuaron en conjunto –le presentaron en forma consensuada una contrapropuesta al Gobierno en respuesta al borrador inicial elaborado por la Casa Rosada–, con el paso de los días se evidenció un quiebre entre los gobernadores que respaldan la iniciativa oficial y los que se oponen. En las filas díscolas lideradas por Jorge Sapag (Neuquén), se encolumnan también –aunque con menos enojo contra la Casa Rosada– Martín Buzzi (Chubut) y Francisco “Paco” Pérez (Mendoza). El resto de los mandatarios petroleros se pronunció a favor del documento redactado por Zannini.
El gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, adelantó que “la Nación y las provincias nos vamos a poner de acuerdo” sobre el proyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos, “porque todos queremos lo mismo: consolidar el autoabastecimiento energético”. “Tenemos que generar las condiciones adecuadas para la inversión en un contexto de economía global, e YPF necesita el acompañamiento de los privados para poder darse a la tarea de explorar y explotar la totalidad de los recursos energéticos de las provincias argentinas”, añadió.
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, también expresó la necesidad de una nueva Ley de Hidrocarburos. “Es muy importante que a partir de la recuperación de YPF, en 2012, por primera vez se haya abierto la participación de los estados productores de hidrocarburos como accionistas de la compañía”, indicó. Y manifestó su seguridad en que “el proyecto que impulsa el Gobierno nacional será, una vez más, en beneficio de las provincias”.
También el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, sumó su respaldo al proyecto, al que consideró “muy beneficioso para las provincias petroleras”.
A su vez, Fabiana Ríos, gobernadora de Tierra del Fuego, indicó que “el proyecto establece condiciones apropiadas en una nueva forma de explotación, en la preservación ambiental y en la adecuación de los plazos y de los montos respetando las jurisdicciones provinciales, y nos favorece en términos de claridad en el desarrollo de proyectos productivos”. “No es admisible que las provincias tengamos áreas en reserva durante años a nombre de empresas que no tienen ninguna relación con el petróleo, y mientras tanto el país esté importando hidrocarburos, favoreciendo la especulación inmobiliaria en una actividad productiva”, advirtió.
En tanto que Daniel Peralta, titular de Santa Cruz, señaló: “Nosotros queremos que haya un equilibrio, defendemos la autonomía provincial, y los recursos de nuestro subsuelo son de los santacruceños a partir de la reforma constitucional de 1994, donde una de nuestras constituyentes fue la actual presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; así que no creo que anide en su ánimo modificar ese concepto, que además sólo podría hacerse con otra constituyente”.