Ante la medida cautelar obtenida por la petrolera de Cristóbal López Oil M&S, el Gobierno de Santa Cruz apelará la determinación de la Justicia que le impide el retiro de áreas de explotación en territorio provincial a la empresa –que no ha cumplido con las inversiones comprometidas– y avanzará en acciones legales contra la compañía del empresario allegado al kirchnerismo. “Resulta extraño que éste remedio procesal tan denostado por el Poder Ejecutivo Nacional le sea concedido a una empresa muy cercana al mismo”, sostuvo el presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz (IESC), Juan Ferreyro, quien inició las intimaciones hace tres años a la petrolera de López. La suma por la que Oil será demandada ronda los 10 millones de dólares correspondientes a las inversiones que la operadora no cumplió y a las unidades de trabajo no ejecutadas medidas a su valor actual, según lo determina el pliego licitatorio. El ejecutivo provincial no descarta también iniciar acciones legales por daños y perjuicios. El gobierno de Santa Cruz sostiene que el permanente incumplimiento de la empresa de Cristóbal López va en perjuicio de la economía provincial y ante el resguardo del recurso de amparo obtenido en la Justicia, a través del Decreto 423/13 del 30 de abril, confirmó la eliminación del Registro Provincial de Empresas Petroleras a la firma Oil M&S SA. En consecuencia, el estado provincial exigirá que la operadora pague todas las obligaciones contraídas desde que le otorgaron las áreas. El gobernador Daniel Peralta rechazó en el mismo decreto la medida cautelar otorgada por el Juez Enrique Arenillas a OIL M&S. “Nos ponen plazos de un año para resolver las cosas, es una vergüenza, cuando eso significa pérdidas importantísimas para la provincia”, replicó el mandatario provincial. Ante la justicia santacruceña, López planteó que Peralta tiene “animosidad” contra él y que esa es la causa por la que ha intimado en reiteradas oportunidades a la operadora. En el descargo a la carta documento que le envió el IESC en julio del 2012, donde reclamaba el cumplimiento de los planes de inversión para la exploración de los yacimientos, el propietario de Oil incluso manifestó su malestar por el incremento del impuesto al juego que promovió Peralta en la Legislatura llevándolo al 15% y que repercute en el negocio de los casinos, otro de los rubros que maneja el empresario K en la provincia patagónica.
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