El conflicto surge porque las operadoras mineras clasifican al impuesto de “violatorio de la Ley de Inversiones Mineras” (que fue sancionada en los ’90 y garantiza la seguridad fiscal por 30 años para las compañías del rubro). De hecho, varias empresas ya presentaron recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia, mientras que otras, detuvieron sus inversiones.
La respuesta de Peralta al respecto fue contundente: “Estamos hablando con las operadoras mineras para que de alguna forma entiendan que el Impuesto Inmobiliario debe cumplirse, que lo estipula la ley claramente. Nosotros, si lo que dice la ley no se cumple, lo demandamos. Sólo puede salvar esto un acuerdo voluntario que indique lo mismo que dice la ley”.
El gobernador además confirmó que se reunió con el jefe de Gabinete Jorge Capitanich y con gente de la minera Goldcorp (que está construyendo una mina de oro en Cerro Negro) para hablar del tema: “Noté cierta predisposición pero no queremos que se mezcle esto con el desarrollo del proyecto», en diálogo con El Inversor Online.
El Impuesto Inmobiliario comprende un tributo del 1 por ciento sobre las reservas declaradas (aunque en algunos casos podría ser del 0,50) y pretende recaudar 150 millones de pesos anuales para el Tesoro provincial.
Entre las empresas afectadas se encuentran: Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti), Minera Santa Cruz (Andes/Hochschild), Minera Triton (Pan American Silver), Cerro Negro (Goldcorp) y Minera IRL (Don Nicolás). (Fuente El Inversor Online).