La noticia en sí quizá no dice tanto. El Gobierno provincial resolvió -esta semana- quitar un área de exploración petrolera, preadjudicada desde 2003, a la empresa Misahar Argentina S.A. Pero resulta que esa petrolera es propiedad del empresario kirchnerista Lázaro Báez. Si se analiza el contexto en el que esto, después de más de 11 años, sucede, se puede interpretar claramente que la “novedad” tiene implicancias políticas.
La decisión del Estado mendocino aparece en un momento en el que la relación con la Casa Rosada no es de lo más armónica, luego de que Francisco Pérez decidiera el desdoblamiento electoral.
También se da cuando el empresario en cuestión parece haber caído en desgracia por las denuncias de lavado de dinero en su contra que le han traído más de un problema judicial a él y a su familia, además de una crisis económico-financiera a sus empresas.
El área en cuestión, ubicada en Malargüe y cuyo nombre técnico es CN-VII/A, había sido preadjudicada por la Secretaría de Energía de la Nación mediante la resolución 154 en 2003. La única oferente fue, justamente, la sociedad anónima de Báez, quien hoy tiene una acusación por el delito de lavado de dinero y en marzo deberá presentarse a declarar ante un juez federal.
Por ese caso, el empresario de la construcción, con reconocidos vínculos comerciales con Néstor y Cristina Kirchner, tendrá que explicar su vinculación con la compra de unos campos en Tunuyán, operación que se concretó por medio del asesor financiero Leonardo Fariña, hoy preso por no haber pagado los impuestos correspondientes por la compra y posterior venta de esa propiedad.
Báez es un contratista de obra pública cuyo patrimonio creció considerable y rápidamente desde la asunción del fallecido Néstor Kirchner en 2003. El yacimiento que le fue preadjudicado por la Nación durante la gestión de Julio Cobos en Mendoza tiene una extensión de 172 kilómetros cuadrados y está situado en el sur de la provincia, en la denominada cuenca Neuquina. Eso fue posible gracias al llamado “Plan Argentina”, que llevó a cabo el proceso licitatorio pero que hoy no existe más.
Es que en los últimos años la situación legal -por ende, también técnica- y política cambió considerablemente. Con la sanción de la 26.197, modificatoria de la 17.319 o Ley Corta de Hidrocarburos, Mendoza pasó a tener a su cargo la administración de todas las áreas petroleras de la provincia. Ese año (2007) muchas áreas se encontraban, al igual que la del empresario K, en proceso de adjudicación.